Política 2.0: hackers y espionaje digital

El término ‘hacker’ fue adoptado en los años 60 para denotar la cultura informática que surgía alrededor del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) . A través de los años se fueron definiendo términos que caracterizan al gremio: los ‘hackers’, en su mayoría buenos, son personajes apolíticos, que solo luchan por sus compañeros, por la libertad de la información o por sí mismos, siendo los que programan el software que utilizamos y dedican la mayoría de su tiempo a enriquecer el software libre. Los ‘crackers’, que representan la maldad informática, encargados de crear programas malignos e introducirse en otros sistemas para robar información y luego venderla al mejor postor. Y finalmente los ‘Hacktivistas’, ejemplarizados por el famoso Julian Assange de Wikileaks, que emplean sus habilidades en los sistemas informáticos con fines políticos y sociales generando lo que se conoce en términos legales como “Desobediencia Civil Electrónica”.

El ‘hacking’ para aquellos que alguna vez lo hemos practicado, no es mas que otra forma de arte, al igual que un pintor puede ser capaz de plasmar un paisaje en un cuadro haciendo una abstracción de la belleza de la naturaleza, un ‘hacker’ construye herramientas para mejorar la sociedad en que vivimos en busca de una alternativa que permita evolucionar hacia un mundo mejor, un ‘hacker’ es un innovador por excelencia que usa tecnologías, libres de ser posible para un fin social. Es un poeta informático que usa las potencialidades que nos dan las nuevas herramientas de comunicación y de organización, para permitir que muchas personas puedan conectarse, organizarse y de alguna manera romper el silencio mediático.

El ‘hacktivismo’, por otro lado, tiene aspectos que lo ponen en la mitad de lo bueno y de lo malo. Es bueno porque también representa una lucha por la libertad en la red y por defender la neutralidad y el acceso a la misma a través de pequeñas acciones que se reproducen viralmente y pueden alcanzar dimensiones globales. 

La parte oscura del tema no es tan sencilla, al igual que para la transmisión de algunas enfermedades como el Sida, existen grupos de riesgo y prácticas de riesgo, lo cual en el caso informático se traduce en prácticas de ‘hackeo’ y de ‘crackeo’. Estas pueden ser realizadas por las mismas personas, pues los conocimientos requeridos para ambas prácticas son los mismos, solo se diferencia el objetivo que se pretende alcanzar y es allí donde se define la legalidad o ilegalidad de las prácticas.  Sin importar si existe o no una ley que lo defina, el ‘crackeo’ tiene claramente visos de delincuencia, siendo una intrusión no permitida en sistemas informáticos a fin de obtener algún beneficio, no muy lejano de abrir la correspondencia de un tercero o entrar a la casa de alguien y robarse unos documentos. La pregunta difícil de contestar es si ‘crackear’ los correos de un delincuente o un terrorista debería considerarse un acto criminal y si las autoridades de inteligencia de los gobiernos pueden acceder a técnicas de ‘crackeo’ para infiltrarse en actividades ilícitas y prevenir actos terroristas.

El problema con la legalidad de cualquier práctica en la red es que, en lo que al ciberespacio se refiere, las regulaciones siempre están tarde y los gobiernos y la sociedad civil no tienen la agilidad para ajustarse a las prácticas innovadoras producto de los avances tecnológicos. Es lógico pensar que cualquier tipo de publicidad política en redes sociales debería ceñirse a los mismos estándares que aplican fuera de la red. 

Lo que sería inocente y absurdo pensar es que en este siglo donde la informática ha permeado la vida de todos los ciudadanos y los ambientes políticos y sociales, es que las campañas políticas se abstuvieran de hacer uso de “militantes informáticos” con el fin de mejorar su posición competitiva.  Así como la fusión nuclear o la ingeniería genética se pueden usar para el bien y para el mal, las herramientas que proveen los ‘hackers’ sea cual sea su denominación, tienen un espacio en el ambiente político, mientras estén enmarcadas en la misma legalidad que rige la contienda fuera de las redes.