Al leer el artículo titulado “Gobierno anuncia medidas para mejorar la señal de celular” publicado en el diario El Tiempo el pasado 14 de Junio, quisiera pensar que su contenido es simplemente reflejo de la ignorancia de un periodista o simplemente una tergiversación de las declaraciones dadas por el ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Diego Molano, con respecto a las incesantes quejas sobre la calidad del servicio de telefonía celular en Colombia, o como se dice en el argot popular “estamos confundiendo la gimnasia con la magnesia”.
El primer “horror” que se transmite al lector en la nota, es hablar de los “celulares procedentes de la China”, desconociendo el hecho de que fácilmente el 60% o 70% de los teléfonos móviles que se comercializan en el mundo hoy en día son manufacturados en ese país debido a las economías de escala y al costo de la mano de obra. Las grandes marcas de celulares como Samsung, Nokia o Apple, tienen fábricas en China o utilizan terceros como Foxconn o Compal para fabricar sus productos. A lo que el periodista seguramente se estaba refiriendo era a la infinidad de marcas de teléfonos de segundo y tercer nivel que en muchos casos llevan detrás productos de baja calidad tanto en software como en hardware. La inexactitud de la información presentada no termina allí, el periodista se atreve a decir, citando supuestamente a “los expertos” que el problema de los celulares chinos es que soportan el uso de múltiples líneas o “SIM cards” y esto hace que se generen problemas en las redes. La tecnología de múltiples líneas en un mismo aparato es comercializada con éxito rotundo desde hace años, en múltiples modelos por marcas como Nokia, Samsung y la casi extinta Motorola en varios países, donde debido a los altos costos de las llamadas de un operador celular a otro, motiva a los usuarios quieran tener una línea con cada operador y así abaratar su consumo.
El Gobierno Nacional ya tomó medidas para asegurar que los celulares importados legalmente al país cumplan con requisitos mínimos de calidad, fijando como requisito previo a la importación de los mismos, la presentación de un certificado de homologación expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El mecanismo no es perfecto pero es un buen comienzo y al menos coloca una barrera económica para quienes quieran importar un modelo particular de celular, ya que el proceso de certificación tiene un costo superior a los 2.000 dólares.
Adicionalmente, en respuesta al incremento de la criminalidad asociada con el robo de los aparatos celulares, el gobierno implementó una medida que exige el registro de los teléfonos ante los operadores móviles (lo cual sólo aplica para usuarios de pre-pago) y la creación de las famosas listas blancas y negras. Desafortunadamente y como era de esperarse “hecha la ley, hecha la trampa”, basta con visitar alguno de los múltiples centros comerciales y “sanandresitos” del país para darse cuenta que por unos cuantos miles de pesos es posible conseguir certificados de nacionalización y facturas para cualquier teléfono, sin importar su procedencia o la forma como fue importado, siendo estos los documentos que los operadores móviles exigen para la legalización de los aparatos. Mientras exista un incentivo para el contrabando y el fraude del 16% del precio del aparato (equivalente al pago del IVA en el momento de importación) y no haya un trabajo coordinado entre la Dian y los operadores celulares, de forma que únicamente los seriales de aparatos que hayan sido debidamente importados sean los únicos que puedan ser registrados e ingresados a las “listas blancas”, los esfuerzos del gobierno seguirán siendo infructuosos.
De otro lado, mientras el gobierno no tenga una política coherente que exija índices de calidad a los operadores y los penalice por incumplimiento, tomando en cuenta que para ofrecer calidad hay que tener una mínima cantidad de espectro radioeléctrico por usuario, el fenómeno de la caída de llamadas no tendrá solución haya “celulares chinos” o no en el mercado.
