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El gasto del Estado en Colombia tiende a crecer por encima de la inflación en el mediano plazo por diversas razones. En primer lugar, es necesario aumentar el dinero destinado a hacer efectivo el monopolio del poder coercitivo del Estado en la periferia, indispensable para terminar algún día la guerra de la coca. También se requieren recursos para volver eficaz la rama judicial, con cambios en su formación, operación, evaluación de desempeño y sus herramientas de apoyo.
La educación pública básica exige más dinero para remunerar a los docentes en forma competitiva con otras profesiones; este esfuerzo implica un proceso preparatorio previo para la evaluación necesaria: será preciso excluir, como se hizo en Ecuador, a quienes no demuestren las destrezas necesarias. La extensión de la vida por los avances de la medicina, como en todo el mundo, significa crecimiento del gasto en salud.
El gasto pensional aumentará por la mayor expectativa de vida, por los subsidios que implica el régimen de prima media si se mantiene, y por la necesidad de sostener en algún grado la vejez de quienes han vivido en la economía informal que la institucionalidad vigente propicia; hoy, pese al crecimiento económico de los últimos lustros, la informalidad cobija a casi la mitad de la población activa en la economía.
En infraestructura e inversión en ciencia y tecnología Colombia tiene rezago frente a países con nivel de desarrollo social, lo que erosiona la competitividad de las ciudades región del país en la economía globalizada. El aumento de la deuda pública externa contratada significa mayor esfuerzo fiscal por la posible reducción en el precio del petróleo si el cartel que lo sostiene flaquea y el peso se debilita: nuestro gobierno genera ingresos en pesos.
Los críticos anotan que la distribución del ingreso en Colombia es pésima y la gestión del Estado no la mejora. Si la gestión fuera mucho mejor habría redistribución y, sobre todo, crecimiento mucho más rápido y sin dependencia de la venta de productos primarios. Como consecuencia, los impuestos directos aumentarían por la mayor renta del sector privado, y la proporción de la población en la base de la pirámide se reduciría en forma significativa, lo cual permitiría incluso ampliar la extensión del IVA si se concluyera que es de verdad conveniente.
De otra parte, la tasa de impuestos directos para las empresas es elevada en comparación con la de otros países, lo cual podría inhibir la inversión y frenar el proceso de desarrollo, pero no es determinante, y en ambiente de crecimiento sostenido se podría reducir. La realidad obliga a aumentar la eficiencia de lo público de manera sostenida, para impulsar la productividad y, por ende, el crecimiento del sistema económico, de manera que el Estado pueda cumplir sus compromisos. Eso requiere pensar de nuevo el Estado, para que sus procesos apunten al eficiente cumplimiento de su misión.
Se deben posponer grandes definiciones fiscales para atarlas más bien a la construcción de un Estado diferente. Así, se necesitan procesos idóneos para conformar legislador y justicia, descentralización efectiva, articulación eficaz entre lo local y lo nacional, evaluación rigurosa para asignar recursos escasos, y planeación permanente a largo plazo, en vez del plan cuatrienal estático de hoy. Luce complejo, pero es más difícil convivir con el ordenamiento actual.
