Democracia en serio

Decimos que nuestro país está regido por la democracia, pero la conducta de quienes nos representan suele no estar a la altura de su misión. Así, personas que pertenecen al Centro Democrático, el partido de gobierno, toman iniciativas que contradicen las políticas propuestas por el equipo del presidente. Quienes representan en el Congreso a la oposición, por su parte, tampoco se organizan para que a cada una de sus voces principales corresponda el examen ordenado de las iniciativas del Gobierno en un ministerio o departamento administrativo específico. Esas conductas son serio indicio de que no hay interés en merecer la confianza de las bases que votaron por unos u otros.

Algunas fuerzas, como Cambio Radical, son ambivalentes en su posición: impulsan su propuesta en materia fiscal para ganar la aprobación de la opinión, en vez de enfrentar la tarea de compartir sus puntos de vista con el gobierno, para lograr el diseño más eficiente que atienda los propósitos de equidad y capacidad para cumplir las obligaciones de diversas especies a cargo de la Nación. Además todos los legisladores se envuelven en el sofisma de la separación de poderes que sustenta el inapropiado régimen presidencial establecido en América Latina, que evita responsabilidad por los errores de la administración, pero inciden de una forma u otra en todo lo que pasa.
La justicia, por su parte, espera una revisión comprensiva para merecer la confianza del país. Los remedios que propone el gobierno son paños de aguas tibias. La enfermedad tiene relación directa con el diseño de procesos y organización, esquemas para selección, capacitación y evaluación, apoyo tecnológico y sistema de gestión. La intervención requerida es dolorosa, pero necesaria. No se puede negociar con los protagonistas de turno de la rama judicial, porque estarían en conflicto de intereses. La tarea corresponde al legislador, cuyo acierto puede facilitarse con apoyo del gobierno en muchos frentes, dado que dispone de herramientas que no tiene ni debe tener el legislador.

La autonomía de los ámbitos regionales para decidir y materializar estrategias de desarrollo social y económico se prometió a los colombianos en 1991 y no se reflejó en realidades. Por el contrario, hoy un buen mandatario local es quien, en primer lugar, consigue atención preferencial para sus iniciativas en el ámbito del gobierno central. Las estrategias son de corto plazo, sin consideración rigurosa de ventajas comparativas.

La democracia está en crisis en todo el mundo: la globalización ha transformado el ámbito de las tareas de lo público. Es natural que afloren propuestas caudillistas para canalizar reacciones ante la amenaza que significan las nuevas realidades del mundo. Sin embargo, es inevitable ordenar las prioridades. Antes la tarea se limitaba a buscar la libertad mediante la educación y las instituciones públicas; hoy es preciso evitar que los riesgos ambientales, las migraciones inducidas por diferencias en nivel de bienestar, los peligros por armas de destrucción total, los ciber delitos y, en general, las consecuencias nocivas de los avances tecnológicos, triunfen sobre los buenos propósitos. El reto es para toda la especie, pero Colombia debe partir de reconocer sus problemas de diseño institucional y enderezarse para tener papel decoroso en el devenir de su vecindario y no ser un sainete más.