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Asignar dinero público con acierto es uno de los mayores retos de toda administración. Los criterios para priorizar con objetivos sociales y económicos no pueden ser financieros, pero deben ser acertados y, como consecuencia, respetados. El punto de partida debe ser el impacto en el futuro del gasto hoy. Es preciso tener obligaciones pensionales y los servicios públicos esenciales a cargo del Estado: seguridad, justicia, salud y educación.
Se debe revisar las estrategias, los procesos y la estructura de manera sistemática, cada año. Por supuesto, es preciso asignar recursos para las funciones básicas del Estado, de legislar, juzgar y administrar, pero hay muchas tareas adicionales para lo público, más allá de estas y de atender las fallas de mercado: el Estado también debe ofrecer iniciativas a la comunidad en infraestructura, medio ambiente y normas de convivencia, y en épocas de estancamiento transitorio usar el impacto multiplicador del gasto para mantener el ingreso, sin regla fiscal para tener margen de maniobra.
La inversión discrecional debe conciliar prioridades de las ciudades región, establecidas con autonomía, orientación a largo plazo y consistencia con las ventajas comparativas respectivas, y las del sistema. Se debe tener en cuenta diversos aspectos; así, no siempre coinciden linderos políticos, culturales y ambientales.
Conviene que haya correspondencia organizacional entre las unidades políticas regionales y lo nacional. Los países deben justificar su existencia más allá de la necesidad: iniciativas regionales hoy pueden crear situaciones inestables, como evidencian el caso catalán, la escisión de Chequia y Eslovaquia, la de la antigua Yugoslavia, y las fracturas de Bélgica y Canadá: ordenamientos adecuados de gestión local amplia pueden traer beneficios que contrarresten la pérdida de economías de escala en muchos frentes.
Además, es evidente la importancia de articular los programas educativos y las estrategias de desarrollo, que definen en buena medida de competencias a cultivar.
Desde hace más de medio siglo, ante la evidente heterogeneidad de las naciones-estado, se ha puesto en tela de juicio el ordenamiento existente, que inhibe el libre flujo de del trabajo, y en cambio facilita el del capital, con consecuencias perversas para el propósito de construir un sistema económico mundial más eficiente.
Sin embargo, no se pueden despreciar las peculiaridades de las comunidades y sus conjuntos culturales, que obligan a buscar soluciones institucionales complejas para atender los retos que la humanidad enfrenta.
En el caso de Colombia, la baja calidad de la educación pública hace imperativo el esfuerzo para mejorarla, con el fin de facilitar un futuro sólido para la sociedad; esto costará dinero adicional, del cual no se dispone hoy.
Además, es preciso ocupar el territorio de manera efectiva, para evitar la recurrencia de fuerzas que pongan en crisis el monopolio del poder coercitivo del Estado, y mejorar la infraestructura de comunicaciones y servicios en general; esto también cuesta.
Por ende, hay que rediseñar los procesos para que las funciones básicas (legislar, juzgar y administrar) se atiendan bien y con eficiencia en costos; de este ejercicio, que resultaría en mejoras significativas sin gran esfuerzo, se derivarían recursos para todo lo señalado, solo por reducir la corrupción en forma importante.
