Analistas

El poder de lo simple

La semana pasada, el mundo empresarial y en general los colombianos fuimos sorprendidos con la noticia de las capturas de varios empresarios, entre ellos Luz Mary Guerrero (fundadora de Servientrega), por su presunta relación en los llamados “Panama papers”. Además, se supo que otros empresarios están siendo investigados por, al parecer, estar también involucrados en este tipo de prácticas.

Lo primero que quiero dejar claro es que no podemos a primera vista juzgar y estigmatizar las prácticas tributarias que buscan refugiar los recursos en otros países, protegiéndolos de la inseguridad jurídica que padece nuestro país. Acudir a estas prácticas tiene varias explicaciones. La primera es que son incentivadas por un sistema tributario como el colombiano que, contrario a la corriente mundial tendiente hacia la simplificación y unificación tributaria, pretende todo lo contrario: la tasa impositiva en el país es de 75 %, siendo Colombia el tercer país en América Latina con las tasas más altas, solo por debajo de países como Argentina y Bolivia.

Estamos frente a un gobierno en el que el presidente, siendo candidato, firmó sobre mármol que no subiría las tasas ni crearía nuevos impuestos. Si no me falla la memoria, Santos ha tramitado tres reformas tributarias. No podemos además dejar de lado el escenario de extorsión que sufrieron los grandes empresarios del país por cuenta de la “desmovilizada guerrilla” de las Farc, que hizo que quienes generaban riqueza tuvieran que tratar de migrar sus recursos para no ser víctimas de secuestros y otros delitos.

Por otro lado, es apenas obvio que el país se está encaminando a una nueva (¡otra!) reforma tributaria, pues a causa de los compromisos asumidos por el Gobierno de cara a los acuerdos con las Farc, se negoció sin contar siquiera con proyecciones para poder hacer sostenibles (desde lo financiero) estas cargas que se avecinan, pretendiendo además que sean casi exclusivamente producto del recaudo tributario. Así se deja en una situación difícil al empresariado: si bien y sin duda todos quieren ver a Colombia en paz, no se puede negociar con el bolsillo ajeno ni en detrimento del crecimiento empresarial, pues no solo de paz vive el hombre.

Colombia no es un país que invite a sus ciudadanos a tributar. La Dian pretende a las malas crear cultura tributaria mientras, por un lado, la corrupción acaba con parte de los recursos que deja la baja tributación y, por el otro, la ineficiente distribución de lo que sobra justifica que la evasión de la renta sea de 25 % y la de IVA, de 20 %. No obstante, el gobierno ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, juzgando y haciendo ver al empresariado como un cartel delincuencial. Aunque a muchos no les quepa en la cabeza, la elusión tributaria es una práctica generalizada y que no contraviene la ley, por lo que no es lo mismo juzgar al evasor que a quien con base en la legislación hace más eficientes sus recursos de cara al pago de los impuestos.

En vez de estar crucificando a los empresarios, la Dian y el Gobierno deben reestructurar el sistema tributario para generar incentivos que permitan que el capital colombiano permanezca en el país. Se debe pensar en el poder de lo simple, pues al paso que va el país, estamos más cerca de vivir una recesión económica que de poder ver una economía en crecimiento, tal como lo ratifican las cifras que el Fondo Monetario Internacional publicó este martes, según las cuales el horizonte es poco alentador, pues las previsiones de crecimiento económico anticipan que en Colombia sean de tan solo un 1,7 % este año.