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Apoyo al paro judicial

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A pesar que todas las miradas se las han robado el escándalo de Odebrecht, el video de Petro y las marchas de los estudiantes, fuera de todos los lentes de las cámaras y de los micrófonos de los medios de comunicación se adelanta hace más de un mes el cese de actividades de la rama judicial en la ciudad de Bogotá, el cual sin lugar a dudas se encuentra más que justo.

Las erráticas decisiones del Consejo Superior de la Judicatura han llevado a que, de nuevo, los jueces civiles se hayan visto obligados a parar sus actividades -con el complejo panorama que eso significa- con la intención de que su voz sea tenida en cuenta durante la toma de decisiones que afectan claramente el buen funcionamiento de la rama judicial.

El Acuerdo 11127 de 2018 pretende convertir 39 juzgados civiles municipales en juzgados de pequeñas causas, equivocado timonazo que, si bien para un sector de la población puede significar claramente una mejora, debilita la competencia de los juzgados municipales y desmejora de alguna manera las condiciones de los actuales, por el facilismo de quitar de un lado para poner en otro sin ningún sentido técnico o sustento.

Como siempre he insistido, la justicia civil es un catalizador social y no me cansaré de reiterar que para poder funcionar como un país desarrollado debemos dejar de lado la mediocridad en la toma de decisiones y apoyar presupuestalmente la forma en que los colombianos intentamos resolver los conflictos de manera pacífica e institucional, porque de otra forma se nos obliga a permanecer en un estado arcaico, donde permanece vigente el “ojo por ojo” por cuenta de pésimas decisiones.

Por otro lado, la ministra Gloria María Borrero ha permanecido en un silencio cómplice sobre la situación de la justicia y la necesidad de resolución del conflictos, aportando para que siga en el mismo estado. En su despacho, seguramente -para ella- existen otro tipo de prioridades distintas al funcionamiento de la justicia en el país. ¿Acaso no es la ministra de Justicia? Al parecer en este caso no ha ejercido el liderazgo necesario para remediar la situación de una vez por todas y así evitar que quienes esperamos pronta justicia (bien sea por nuestro trabajo o los ciudadanos que quieren ver resueltos sus conflictos) padezcamos la operación tortuga.

Pocas veces he visto un cese de actividades de la Justicia con la legitimidad del actual. No podemos retroceder lo avanzado en el país, más cuando la lupa está puesta sobre nosotros, ya que, por cuenta de nuestro ingreso a la Ocde, debemos mejorar no solo en materia fiscal sino en seguridad jurídica. Eso se traduce no solo en la estabilidad de las normas en el país, sino en la forma en que se resuelven los conflictos, ítem en el que nos encontramos en deuda desde que nos fundamos como república democrática y que es atribuible a la poca o nula atención que se le ha dado a este aspecto.

Si bien hay una responsabilidad compartida de todos y cada uno de los gobiernos que anteceden a este, el Gobierno de Iván Duque tiene la obligación de no permitir el estado de inamovilidad para la solución de los problemas reales del país, entre esos, la Justicia. Señor Presidente: una de sus promesas de campaña fue hacer más eficiente el Estado; como su votante, colombiano y abogado litigante, le exijo tomar el liderazgo de esta compleja situación y ordenar a la señora ministra de Justicia darle prioridad inmediata a la reforma real y estructural de la justicia. Cuatro años pasan volando.

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