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Analistas 09/09/2021

85.000 represalias

Guillermo Cáez Gómez
Socio en Cáez Muñoz Mejía Abogados

Luego del escándalo por la ejecución de un contrato en que hoy están embolatados $75.000 millones, en el que la ministra, Karen Abudinen, no ha querido asumir la responsabilidad política de este absurdo y estruendoso fracaso, resulta que por cuenta de los recursos públicos busca callar a los medios de comunicación del país. ¿Por qué? Les contaré.

En el primer semestre de este año, el Ministerio de las TIC anunció que este Gobierno pretendía apoyar a los medios de comunicación del país con recursos que permitieran financiar proyectos de digitalización y fortalecimiento de procesos tecnológicos para radio, televisión, diarios y revistas impresas, y medios digitales. Para nadie es un secreto que los medios de comunicación son empresas que en muchos casos necesitan mucha inyección de capital para cada año lograr sobrevivir.

La competencia, la atomización de audiencias y, en otros casos, la poca rigurosidad investigativa son la combinación perfecta para que algunos medios de comunicación no la estén pasando bien en términos financieros. Este programa se veía como una inyección de capital a los medios de comunicación y se vendió como tal, no como una injerencia a través de unos recursos que, con bandera blanca, pretendiera incidir en la agenda mediática del país.

De estos recursos cerca de $30.000 millones van para proyectos en radio, $28.000 millones en diarios y cerca de $25.000 millones para otros medios digitales, revistas y televisión. Resulta que el pasado martes se conoció que el MinTIC, en cabeza de la ministra Abudinen, tienen la intención de cancelar este proyecto de apoyo a los medios.

Sospechoso, curioso e indicativo de lo que realmente pretende este proyecto es que, justo cuando la ministra es el centro del escándalo del momento en el país y los medios de comunicación han cubierto el tema (incluso de manera muy benévola para tamaño descalabro), la respuesta de su cartera no sea mostrar gallardía y renunciar a su cargo, sino, por el contrario, una posible represalia a los medios por hacer el trabajo que corresponde y exponer la incompetencia.

Los centros digitales son un total fiasco y no basta con las renuncias de la secretaria general, Adriana Mesa, y la subdirectora de gestión contractual, Sandra Orjuela, para que el asunto quede zanjado, como si fuera quitarle un caramelo a un niño. No, ministra, los colombianos no somos tontos. Lo que es más grave -de confirmarse- son los fuertes rumores de que hay personajes siniestros y oscuros detrás de todo esto, en el pasado protagonistas de un escándalo de contratación que tiene en la cárcel a los hermanos Moreno. ¡Amanecerá y veremos!

La actitud del ministerio es un gran indicio de que, al parecer, hay 85.000 razones por las cuales se pretende inclinar la balanza en los medios de comunicación. No tiene explicación y tampoco pareciera una coincidencia que, ante el escándalo y la confrontación que ha tenido la ministra, Karen Abudinen, con los medios de comunicación, hoy se amenace con cancelar una línea de auxilio a este sector que en el pasado fue presentada con bandera blanca.

En un país serio, esta columna no tendría que haber sido escrita porque esto no hubiera pasado. También en un país serio, la línea de apoyo a los medios de comunicación seguiría su rumbo natural y la ministra hubiera renunciado desde el primer día que estalló el escándalo. Pero como no estamos en un país serio, tendremos que ver cómo el presidente Duque sigue defendiendo lo indefendible.