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Corte Constitucional pone orden

La decisión de la Corte Constitucional al declarar sobre la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2017, mediante el cual se adiciona un artículo a la Carta Magna para blindar el proceso de Paz, no podía ser más oportuna y contundente. Al expresar que todas las acciones de Gobierno deben “guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final”, enfatiza la buena fe en el cumplimiento de lo acordado y no deja ninguna duda sobre la obligación institucional de respetar los acuerdos durante tres periodos presidenciales. La determinación de la Corte es la mejor noticia en el camino de superar la desconfianza y el pesimismo que se ha venido apoderando del país; pone las cosas en su lugar y fija un derrotero para los próximos mandatarios, para que los aspirantes a la Presidencia no sigan alimentado la política tramposa de asaltar la buena fe de quienes firmaron unos acuerdos que, con todos los reparos que puedan tener, son una esperanza cierta para conquistar la esquiva paz que durante décadas perdimos, pagando un altísimo precio en lo social y en lo económico.

El pronunciamiento de la Corte acaba con la incertidumbre en políticas de Estado ante un posible desconocimiento de los acuerdos de la Habana. Flaco servicio le hacen al país en materia social y económica quienes juegan a “romper” los acuerdos. El histórico fallo debe producir efectos positivos en el terreno social y en el campo económico para derrotar el pesimismo del consumidor y el temor del inversionista. Si a los precios del petróleo, a la parálisis de las actividades extractivas, a la falta de inversión de largo plazo que aliente el futuro exportador y nos libere de la prisión de los commodities, a la corrupción y a los escándalos de la rama judicial, sumamos la incertidumbre sobre el proceso de paz, seguiremos estancados económicamente estimulando el crecimiento de la protesta social que ya es preocupante.

El país necesita, en esta época preelectoral, recuperar la serenidad. El Fondo Monetario Internacional, al bajar una vez más las expectativas de crecimiento del país, notifica a los responsables del manejo económico, que a veces pecan por exceso de optimismo, sobre la necesidad de tomar medidas para aplazar gastos suntuosos y recortar nóminas paralelas, para pagar favores políticos como la que se ha descubierto en la propia Presidencia de la República. El organismo multilateral de crédito afirma que nuestra economía crecerá un pírrico 1,7% que nos ubica en el grupo del descenso en el ámbito latinoamericano, pues superamos apenas al Brasil, al Ecuador y en menor grado a Chile, cuyas expectativas de crecimiento bordean el 1,4%. El FMI proyecta una leve recuperación económica para 2018 y exhorta a los responsables de la economía para que se afiance la inversión, se disminuya la deuda y se combata la desigualdad sin desconocer el impacto del creciente proteccionismo y la incertidumbre política.

La Corte Constitucional puso el dedo en la llaga. Su determinación tiene efectos políticos y económicos innegables, y es oportuna frente a señales económicas preocupantes como el incremento de la cartera morosa. Descartada la posibilidad de dinamitar los acuerdos, sus enemigos debían aplicarse a enriquecer el debate sobre las reformas estructurales en materia de productividad, ahorro, inversión, informalidad y pensiones para generar equidad, aclimatar la paz y salir de nuestro mediocre desempeño económico.