La justicia al revés

Duele decirlo, pero Colombia es el país en el que se beneficia a los delincuentes por sus delitos cometidos al por mayor. Resulta inverosímil, cómo desadaptados provenientes de cualquier bando no reciben castigos ejemplares, sino que nuestra enceguecida justicia les brinde beneficios.
Las cosas son como para replay, porque sin importar cuántas veces ha sido detenida una persona es dejada en libertad. El mal proceder lleva a que este sea un país condenado al crimen y el hampa.

Y las demostraciones están ahí a la mano, como el suceso ocurrido hace unos días en Bogotá, en el que un médico mató a tres ladrones. Todo indica, y es de presumir, que a la Fiscalía General de la Nación y a los medios les interesa más conocer cómo fue la muerte de estos indeseables que la seguridad de una persona de bien que trabaja, paga impuestos, y, más contradictorio aún, que se encarga de salvar vidas. A pesar de que este incidente fue presuntamente en defensa propia, nada de raro tendría que el ciudadano pueda ir a parar a la cárcel.

Si no hay un cambio radical en el sistema judicial, la implementación de las leyes y la justa aplicación de ellas, con el ejemplo que le damos hoy a las nuevas generaciones, nos entregará una cosecha de jóvenes sin límites. Colombia, infortunadamente, es un país en el que la impunidad es una costumbre acompañada de un arraigado vicio generacional.

Y este inquietante estado de cosas se debe a un sistema judicial que en algunos casos protege la corrupción, porque opera debajo de ella. Además, nuestros gobernantes ejercen en complacencia con una justicia que no castiga de la manera adecuada y da beneficios de casa por cárcel, más la reducción de penas, a ciertos “honorables” miembros de la patria.

Sumado a todo esto, inexplicablemente frente a los valores como el respeto y la honestidad, la justicia colombiana los mide de forma cuantitativa y no cualitativa. ¿En qué momento se decidió darle el nombre de delitos menores a los robos y a la violencia, que si no son ejecutados con altas sumas de por medio o golpes de muerte, según la divina legislación, no permiten la detención? La justicia no puede atropellar los valores, porque son la base sagrada y constitutiva de una sociedad.

Se legisla, entonces, de forma astuta para que la ley no recaiga con vigor, orden y efectividad sobre las personas que atenten contra ella, para que los delitos repetitivos sin importar su calidad o cuantía no reciban una adecuada sanción. Ahí es donde empieza el fomento a la criminalidad.

Todas las figuras públicas corruptas como políticos, fuerzas militares y gobernantes, entre otros, deberían recibir sin ninguna benevolencia castigos drásticos y la muerte política. Debe haber, además, una condena social para que entiendan que sus malos actos atentan contra el bienestar de las personas, ya que estos hechos no permiten que con el dinero faltante se mejoren la infraestructura de la nación y los programas sociales. Con acciones corruptas, nunca podremos proyectarnos.

Colombia es un Estado donde brota el talento; en el que las personas trabajadoras y echadas para adelante son opacadas por una justicia sin equidad, que desequilibra su balanza a favor del delito, el crimen y la corrupción, porque ha sido creada para proteger a sus mismos gestores y círculos más cercanos. Una justicia hecha a la medida y encargada de promover el caos.

Para que una sociedad progrese, sus pilares deben estar instalados sobre la sólida estructura del estricto cumplimiento de la ley, el respeto a la justicia y la autoridad. Lamentablemente, en este país único, los policías son agredidos y no pasa nada, mientras que este mismo irrespeto en naciones civilizadas se castiga con severidad.

Lo más paradójico es que cuando salimos a tierras ajenas nos destacamos por el buen comportamiento, porque allí cualquier falta cometida genera graves consecuencias. En Colombia, mientras tanto, todo se vuelve un show mediático, en el que muchos gozan viendo cómo se destruyen bienes públicos y de cómo se atacan policías sin piedad. Es indispensable un cambio de conducta y de mentalidad, para poder vivir en comunidad.

Se hace urgente, también, realizar una reforma al sistema judicial en el que se penalicen todo tipo de delitos; que los pillos no sean absueltos con el brillar del sol y que los criminales no salgan tan rápido como la aparición de la luna. Donde los menores de edad no se protejan bajo la sombra del árbol de la justicia, para evitar los rayos de la ley y no puedan salir a disfrutar del día sin importar su edad.

El sistema judicial no puede permitir que los jueces continúen dejando en libertad a la delincuencia por fallas de procedimiento en las capturas, lo que se convierte en una burla en la cara de las víctimas. Es inaceptable que estas tengan que ser violentadas para que la justicia escuche. Justicia de sordos y protectora del delito.

Por ningún motivo podemos dejar a merced nuestras vidas y la seguridad en personas que se dedican a robar, herir, amenazar y matar, mientras que los jueces, con las manos atadas, los deben liberar, para que los malhechores continúen con su desenfrenada acción delictiva.

Si somos más la gente de bien, porqué ningún gobierno escucha el clamor para que se castigue ejemplarmente a los maleantes ¿será que el ruido que producen la delincuencia y la corrupción, con su enriquecimiento ilícito, es más alto?

Los gobernantes y legisladores no pueden seguir pasando de agache frente a esta epidemia nacional. No se puede encubrir el delito en ninguna de sus formas, ni poner por encima los intereses personales frente a los valores ciudadanos y mucho menos ser solidarios con el fenómeno de la corruptela.

Colombia es, en definitiva, el país de la justicia al revés, en el cual la impunidad es una burla a la amada patria, que por años, infortunadamente podría seguir inmersa en este cáncer sino cambiamos nuestra errónea manera de pensar y actuar.