Uno de los efectos de la decisión de delimitación de páramos, presente en la ley del plan de desarrollo de este gobierno, ha sido la de poner sobre la mesa el problema de la gobernabilidad del territorio como precondición de la gestión ambiental. Alrededor del páramo de Santurbán, en Santander, se ha producido un fenómeno muy interesante de agrupación de fuerzas sociales a medida que se debaten los efectos de las opciones de ordenamiento que comienzan a plantearse.
Por una parte, se ha constituido un bloque local con todos los alcaldes, sus consejos municipales, representantes cívicos de la pequeña minería y del sector agropecuario, el cual reclama su derecho al trabajo. Este bloque propone que se adopte como línea de páramo la misma con la que se constituyó el Parque Regional Páramo de Santurbán, declarado hace uno pocos meses en medio de una fuerte controversia. Para este grupo, la historia de las comunidades, sus modos de vida, su economía, no están siendo suficientemente considerados en la decisión de manejo de los páramos, a los que reconocen como factor de seguridad ecológica para ellos y la ciudad de Bucaramanga, pero dentro de ciertos límites: un umbral social acordado que define el nivel de disposición a aportar al bien común, basado en una larga y compleja discusión derivada de los aprendizajes colectivos, que contiene un gran valor en sí misma.
Por otra parte, los movimientos cívico ambientales de la ciudad de Bucaramanga mezclan activismo contra las multinacionales mineras con la defensa del agua para el presente y las generaciones futuras, agua que ya parece insuficiente para garantizar la competitividad económica y la adaptación de toda la región al cambio climático. Para esta facción, el límite del páramo debe trazarse considerando el peor escenario ambiental futuro, a veces sin evidenciar una comprensión clara de todas las implicaciones en la escala local y las transferencias de responsabilidad requeridas.
De este proceso de convergencias y rupturas entre fuerzas locales y regionales (que no es ajeno a procesos electorales) se extraen las lecciones más importantes que deberá utilizar Colombia en los próximos diez años si aspira a recuperar algo de sostenibilidad: una era de administración de transiciones socioecológicas, indispensables para afrontar los retos que nos acucian.
Hablar de transiciones socioecológicas significa replantear todas las relaciones productivas y reproductivas entre las personas y la biodiversidad, a propósito de una reinterpretación del contexto territorial, que es donde radica la novedad: hace unos años se llamaba “ecodesarrollo” a esta visión “aterrizada” de la planificación, la cual requiere cambios profundos en las dimensiones organizativas e institucionales a las que estabamos acostumbrados. El páramo de Santurbán, por ejemplo, requiere de comunidades fortalecidas, y de instituciones con legitimidad operativa para transferirles capacidades de producción diferentes, lo que a su vez requiere conectividad entre las autoridades urbanas y rurales y una actitud propositiva de los ciudadanos.
Esas transiciones que se plantean como única opción de supervivencia de la humanidad no son triviales: por el contrario, serán el pan de cada día de las agendas políticas, como sugieren los expertos convocados por las Naciones Unidas para alimentar el debate de las Metas de Desarrollo Sostenible.
En nuestro caso, se repetirán historias como la de Santurbán, en los páramos de Sumapaz y del macizo colombiano, y seguramente alrededor de conflictos territoriales, en nuevos y cuestionables proyectos hidroeléctricos, agroindustriales, de infraestructura o de desarrollo urbano. Y cada vez estos conflictos que combinan una expresión muy local con efectos cruzados en otras escalas, serán menos tratables con un enfoque de comando y control, es decir, con ese entresijo de normas y leyes con las que pretendemos suplir la falta de políticas claras y el desconocimiento del territorio, típico de sociedades centralistas.
