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Escrito por: Mauricio Santa María S. Presidente de Anif - Carlos Felipe Prada L. - Ekaterina Cuéllar K.
La semana pasada, el Presidente de la República declaró nuevamente el Estado de Emergencia Económica (Decreto 637 de 2020), lo que le permitirá al Gobierno adoptar nuevas medidas económicas y sociales por el impacto del virus en la economía, sin tener que acudir al Congreso para su aprobación (que, sin embargo, serán revisadas en detalle por la Corte Constitucional).
Recordemos que las medidas de la primera emergencia se concentraron en:
• Proveer recursos suficientes para el sector de la salud: (i) mayor liquidez para las EPS e IPS; (ii) dotación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); y (iii) adquisición de ventiladores y pruebas de diagnóstico. Todo esto con una inversión superior a los $2 billones.
• Apoyo a la población más vulnerable mediante: (i) giros adicionales para beneficiarios de los programas de Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción; (ii) aceleración de la devolución del IVA a un millón de hogares; y (iii) giro solidario para los hogares que no fueron beneficiarios en las dos primeras estrategias. Los giros estimados se acercan a los $2 billones.
• Alivios de liquidez para empresas, a través de: (i) la suspensión parcial de los aportes a pensión de los empleadores y trabajadores por dos meses (Decreto 558 de 2020); (ii) la aceleración de la devolución de saldos a favor de los impuestos de IVA y renta (Decreto 535 de 2020); (iii) nuevas líneas de crédito, a través de entidades como Bancóldex o Findeter; y (iv) la capitalización del FNG para ofrecer garantías hasta por el 90% de los créditos de las Mipymes. Desde que se oficializó esta última medida, se reservaron más de $7.5 billones en créditos de los bancos a las empresas.
A pesar de todos estos esfuerzos, la magnitud del choque a causa del SARS-CoV-2 tiene un efecto perverso sobre la economía, con severos impactos negativos en la actividad empresarial (tal como lo reflejan varias encuestas de Confecámaras, la Andi y Fenalco) y la generación de empleo. Sobre esto último, los más recientes resultados del mercado laboral mostraron una reducción de 1.6 millones en la población ocupada en marzo de 2020.
Esto no augura favorables resultados para los próximos meses, pues cabría esperar destrucciones de empleo no solo en las poblaciones más vulnerables sino también en el sector formal de la economía, como lo advertimos en nuestro Informe Semanal 1503.
Ante este panorama, el Gobierno Nacional anunció el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) (Decreto 639 de 2020), bajo las facultades que le confiere el nuevo Estado de Emergencia. Este programa tiene como objetivo otorgar ayudas directas a la nómina de las empresas para evitar más pérdidas de empleo y de ingreso en los hogares.
En este Comentario Económico analizamos esas nuevas ayudas, que son similares a nuestra propuesta del Comentario Económico del Día 30 de abril de 2020 y, además, insistimos en la recomendación de complementar este conjunto de medidas con un programa de Renta Básica Semi Universal, para mitigar la pérdida de ingreso laboral de los hogares más vulnerables. De lo contrario, la reactivación económica tomará más tiempo, por cuenta de un mayor impacto en el consumo de los hogares.
DECRETO 639 DE 2020 - PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO FORMAL (PAEF)
A nivel global, el impacto negativo del SARS-CoV-2 sobre la economía tuvo como consecuencia la implementación de diversas medidas de apoyo a las empresas (especialmente para las Mipymes), con el objetivo de sobrellevar esta coyuntura y prepararse para una progresiva recuperación económica. El gráfico adjunto muestra cómo esas medidas se concentraron principalmente en: (i) financiamiento de deuda (aplicado en 107 países al corte de abril de 2020); (ii) soporte al empleo (74 países); y (iii) reducción o aplazamiento del pago de impuestos (72 países).
En el caso de Colombia, se destaca el nuevo PAEF del Gobierno Nacional, el cual consiste en otorgar un aporte mensual a las empresas que tuvieron caídas en los ingresos por al menos 20% (sin considerar particularidades de tamaño o sector económico). Este aporte será equivalente al 40% de 1SML (aproximadamente $350.000/mes) por cada trabajador por el que se haya cotizado a la Plantilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Este programa estará vigente durante 3 meses (mayo-julio).
El Gobierno estima que el PAEF beneficiará a cerca de 5.5 millones de trabajadores, lo que equivale a un apoyo mensual a las empresas por $1.9 billones. Esto implica que el costo completo del programa será de $5.8 billones (0.5% del PIB).
Este programa es similar, tanto en espíritu, como en estrategia de selección de los beneficiarios y el uso de la PILA, a la propuesta presentada por Anif en el Comentario Económico del Día 30 de abril de 2020, aunque nuestro programa estaba más focalizado en las empresas de menor tamaño y los trabajadores de menores ingresos.
n efecto, la propuesta de Anif consistía en diseñar un mecanismo de apoyo a la nómina para los trabajadores que devengaran entre 1SML y 2SML de las Mipymes que mostraran reducciones en ingresos por al menos 30%. Las estimaciones nos sugerían que se habría beneficiado a cerca de 5.4 millones de trabajadores y requerido recursos por $5.7 billones/mes (0.5% del PIB), monto similar a los nuevos cálculos del Gobierno.
INSISTIMOS EN LA RENTA BÁSICA SEMI UNIVERSAL PARA LA POBLACIÓN MÁS VULNERABLE
Ahora, es recomendable que el PAEF se complemente con otra de las propuestas de Anif relacionada con la implementación de una Renta Básica Semi Universal (RBSU) por una única vez, para mitigar la pérdida de ingreso de los hogares más vulnerables.
Recordemos que esta RBSU consiste en una transferencia monetaria a los hogares pobres y a los que tienen una alta probabilidad de caer en la pobreza. El monto sería de $450.000, equivalente al 2% del PIB per cápita (en línea con los giros de emergencia realizados en Estados Unidos y Japón) y al 75% del ingreso laboral promedio (mensual) de los trabajadores afiliados al Régimen Subsidiado.
El grupo elegible estaría conformado por: (i) afiliados al Régimen Subsidiado en salud mayores de 16 años (15.6 millones de personas, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares); y (ii) trabajadores asalariados formales (por cotización a salud) que devenguen 1SML (2.3 millones de personas). De esta manera, el programa cubriría a 17.9 millones de personas y tendría un costo total de $8 billones (aproximadamente).
ALIVIO PARA LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (INDEPENDIENTES)
Todo lo anterior muestra cómo las medidas públicas de apoyo a los ingresos y el empleo se enfocaron en la población más vulnerable y los trabajadores asalariados formales. Ahora, también es clave que el Gobierno diseñe un programa específico para los trabajadores independientes que sean formales (de acuerdo con el reporte de cotización a salud) o que ganen por encima de 1SML, quienes aún no han recibido apoyos y representan más de 3 millones de personas. Esto lo analizaremos con mayor detalle en un próximo Comentario Económico.
CONCLUSIÓN
Enhorabuena, el Gobierno continúa en la implementación de medidas de alivio y apoyo a las empresas, con la adopción del PAEF. Este programa cobijaría a 5.5 millones de trabajadores asalariados y requerirá recursos totales por $5.8 billones (0.5% del PIB). Con esto, se mitigaría la pérdida de empleos e ingresos de los hogares y, además, se agilizará la reactivación económica a través de un mayor consumo. Este programa es similar a nuestra propuesta de hace dos semanas.
Ahora bien, desde Anif insistimos en que ese mecanismo podría complementarse con la propuesta de implementar una RBSU, con un giro de $450.000 por una única vez a 17.9 millones de personas, requiriéndose de $8 billones (0.8% del PIB). Estas dos medidas representarían conjuntamente recursos por $13.8 billones (1.3% del PIB), con lo cual la pérdida de ingresos laborales de los trabajadores ($12.5 billones entre marzo - mayo), que calculamos en nuestro Informe Semanal 1503, estaría prácticamente cubierta.
Adicionalmente, es clave que se diseñe un mecanismo de alivio para los trabajadores independientes, que aún no han recibido apoyos directos y representan cerca del 15% de los ocupados. Esto lo analizaremos en un próximo Comentario Económico.
En todo caso, es importante mencionar que las medidas recientes del Gobierno van en la dirección correcta de proteger los ingresos y el empleo de los colombianos, lo que ha requerido de un gran esfuerzo. Sin embargo, no hay Estado capaz de reemplazar la economía y compensar la totalidad de las pérdidas de ingreso durante más de 2-3 meses.
Por esa razón, se debe continuar con el reinicio progresivo de la economía, bajo condiciones ajustadas a cada sector y la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad, tal como ya ocurre en la construcción y la industria. Todo esto acompañado por: (i) medidas de aislamiento estricto para la población más vulnerable al contagio; (ii) masificación de pruebas de diagnóstico y adopción de estrategias tecnológicas para la prevención-detección del virus; y (iii) atención de salud especializada para los contagiados.
