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La informalidad ha sido entendida desde dos perspectivas: por un lado, como un problema de eficiencia del mercado laboral que suele asociarse con trabajos de baja calidad y poca estabilidad; por otro lado, se ha asociado a actividad económica que se desarrolla fuera del marco de legalidad, que suele llamarse economía sumergida.
No obstante, ninguna de las dos parece considerar la complejidad del problema en todas sus dimensiones. Lo anterior ha llevado a que en los últimos años la concepción del fenómeno de informalidad haya evolucionado hacia una visión sistémica de las relaciones económicas y sociales de los agentes que involucra matices entre lo ilegal e informal.
La informalidad puede entenderse como un conjunto de relaciones económicas y sociales que no se desarrollan parcial o totalmente en el marco de reglas formales.
Esta definición permite entender por qué tanto actividades ilegales, como actividades que pueden desarrollarse dentro del marco institucional, pueden considerarse ambas informales. Un ejemplo son las relacionales laborales con contrato de trabajo, pero que eluden las obligaciones prestacionales de seguridad social.
La informalidad en Colombia tiene tal magnitud que pone esta problemática en primera línea de la agenda pública. Un estudio de Friedrich Schneider y Hametner Bettina en 2013 señala que la economía sumergida en el país fluctúa entre 39% y 48% del PIB. Estadísticas del Dane en 2017 indican que 47% de los trabajadores pueden considerarse informales.
El Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario establece que en las áreas rurales este indicador supera 80%. Mediciones sobre cobertura de seguridad social revelan que solo uno de cada dos ocupados reportaron cotizar a pensión en el mismo año.
Este diagnóstico hace pensar que las relaciones de índole informal permean todos los sectores de la economía y tienen consecuencias macro y altos costos sociales. Resolver esta problemática es una de las condiciones necesarias para construir una sociedad en la que se pueda implementar de manera efectiva un modelo de desarrollo incluyente, equitativo y sostenible, reto aún mayor con el proceso de paz.
En los últimos años, el país ha hecho esfuerzos en políticas de formalización. Sin embargo, éstas han tenido un alcance limitado respecto a lo que se obtendría si se consideran instrumentos más generales.
Por ejemplo, no puede entenderse la formalización de títulos rurales sin mejorar las condiciones de producción de la pequeña unidad agrícola, su sostenibilidad e inclusión en la cadena productiva y el sistema financiero.
Este desafío no solo corresponde a los hacedores de política, sino también a la academia y al sector productivo, foco del programa de investigación de la Alianza EFI, conformada por siete universidades, cinco centros de investigación internacionales y siete representantes del sector productivo, seleccionada la semana pasada en el marco del programa Colombia Científica. Se espera que provea resultados que promuevan una Economía más Formal e Inclusiva (EFI).
Cobra importancia también el foro The Economics Of Informality Conference, que realizará la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario los días 28 y 29 de mayo y en el que participarán el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas; y el director del DNP, Luis Fernando Mejía, junto con expertos en el tema de la informalidad.
