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Analistas 13/07/2021

Constituyente de pronto

Andrés Caro
Analista

Hace unos días, Laura Gil publicó una columna en la que dijo que la Constitución de 1991 había quedado mal hecha. Hay una especie de enamoramiento con ese documento que cumple 30 años y cuya existencia, en verdad, ha coincidido con tres décadas de crecimiento económico y de expansión de los derechos fundamentales. Ese enamoramiento se debe, también, a que dos generaciones hemos sido educados creyendo que la constitucionalización de los problemas es equivalente a su solución. Es obvio que la expansión de los derechos se ha desprendido de la Constitución y es probable que el crecimiento económico también haya dependido de esos derechos y de lo que los constitucionalistas llaman “la Constitución económica” (los artículos que regulan el mercado, la propiedad, el alcance del Estado y la política monetaria y macro económica).

Sin embargo, la historia no es tan sencilla. Es verdad que el 91 fue una primavera democrática que vino después de la tragedia de los años 80. El entusiasmo de los estudiantes llevó a que la sociedad decidiera hacer un nuevo pacto político para acabar con el clientelismo, la violencia, la desigualdad, la pobreza, y la centralización excesiva. Salvo por la pobreza y los otros indicadores sociales, ninguno de los otros objetivos constitucionales se ha cumplido y la Constitución parece ser una especie de zona de promesas que creemos que refleja nuestra realidad pero que, en verdad, refleja el país que quisimos ser hace treinta años y que quizás ya no fuimos. Es verdad, como dice Gil, que la Constitución quedó mal hecha, en especial en su parte orgánica: esto quiere decir, en pocas palabras, que el Estado quedó medio mal. Las muchas reformas que se le han hecho demuestran que la Constitución es inadecuada. Otras que no se han hecho (la de la justicia, por ejemplo) también lo indican.

Así mismo, los derechos van más rápido que el crecimiento económico que podría soportarlos, y el Estado va mucho más despacio que lo que la sociedad quiere, como lo muestran las marchas y protestas de los últimos meses. La Constitución, que a través de la tutela ha servido para expandir derechos, ha necesitado una Corte Constitucional expansionista que ha leído en el texto cosas que no están ahí y que, en cualquier momento, se puede volver una corte conservadora que, con el prestigio y los instrumentos que heredó, va a traicionar las expectativas de los más progresistas.

Quizás los dos mitos más injustos sobre la Constitución del 91 son que sirvió para abrir el sistema político y para acabar la violencia. La década más atroz del conflicto armado en Colombia fue la de los 90 y dos presidentes tuvieron que jugar con la constitución -ayudados, por supuesto, por los mejores y más legalistas de nuestros constitucionalistas- para acabar con los Paramilitares y con las Farc. Y el fin de estos grupos armados fue, más que un final completo, una transformación que llevó a sus miembros a unirse o a fundar nuevas bandas criminales.

La transformación del sistema político ha sido mediocre, y las mismas familias y los mismos clanes que usaban el “sistema cerrado” anterior a la Constitución del 91 han sabido adaptarse al “sistema abierto” del 91. Las instituciones, mientras tanto, son cada vez más impopulares.

Algunos pensarán que las constituciones tienen que ser longevas, y ponen el ejemplo de la constitución de Estados Unidos. Esa Constitución es un documento corto que sólo contiene ciertos derechos civiles. La Constitución de Estados Unidos tampoco ha sido perfecta. Durante cien años permitió la esclavitud y durante casi doscientos permitió la segregación racial y sexual. De hecho, fue Thomas Jefferson quien dijo que cada generación debería tener la oportunidad de reformar la Constitución de su país.

Creo que una Constituyente y una nueva Constitución podrían servirle a Colombia para resolver varios puntos, especialmente a través del comité legislativo de la Asamblea, que podría aprobar leyes estatutarias y fundamentales. Entre estos puntos, creo que podría servir para distinguir entre derechos fundamentales tutelables y derechos fundamentales de cumplimiento progresivo; para diseñar una política de seguridad (de drogas y de lucha contra el narcotráfico) con la que todas las fuerzas políticas estén de acuerdo; para reformar el sistema de educación pública y actualizarlo (reformando los sindicatos de maestros e invirtiendo muchísima plata en las universidades y los colegios públicos); para reformar la relación centro y regiones garantizando la posibilidad de que haya control central de zonas especialmente desiguales, pobres o inseguras al tiempo que logre una descentralización responsable; para plantear una política económica que garantice la inversión social progresiva pero también la seguridad jurídica y la libertad de mercado; para garantizar el respeto al medio ambiente y la transformación energética; para acabar las desigualdades pensionales del sistema público (acabando las megapensiones y los derechos adquiridos de los megapensionados), y para garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores; para modificar el sistema político y de representatividad garantizando que sea la Constituyente la que nombre a todas las personas que ocuparán altos cargos por al menos un periodo, y para reformar la justicia y otras instituciones estatales, incluyendo las autoridades electorales y de vigilancia y control, eliminando algunas de ellas y retirando a un par de generaciones enquistadas en el poder y en su clientela.

Tal vez el único argumento bueno para decir que no hay que cambiar la Constitución es uno realista: que hoy no podríamos hacer una Constitución tan buena como la que tenemos. Sin duda, hay suficientes personas que podrían ser extraordinarios constituyentes (mucho mejores, acaso, que los del 91). La pregunta que tenemos que responder es si nos queremos arriesgar.