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La gran marcha

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Este 10 de octubre se movilizaron en todo el país los estamentos de las universidades públicas para reclamar y demandar la atención e interés tanto de parte del Gobierno Nacional como del Congreso de la República, en momentos en los que las universidades estatales afrontan una crónica crisis financiera que las amenaza gravemente.

Esta gran marcha ha permitido visibilizar la problemática de la educación superior pública en Colombia, sobre todo su red de universidades, y procurar que esta crisis haga parte de la agenda pública, después de tantos años de su postergación y del desdén por parte de los sucesivos gobiernos.

En cuanto al financiamiento se refiere, la educación superior acusa enormes falencias. La misma se rige por la Ley 30 de 1992, por medio de la cual “se organiza el servicio público de la educación superior”, la cual no responde a la dinámica de crecimiento de la cobertura y de las nuevas y mayores exigencias que ella demanda. De conformidad con el artículo 86 de la misma Ley, las transferencias de la Nación a las universidades, desde su entrada en vigencia en 1993, están indexadas a la inflación causada el año anterior.

No obstante, como lo señala un estudio del Sistema Universitario Estatal (SUE) “los gastos de funcionamiento e inversión de las universidades en los últimos periodos, se incrementaron año a año en promedio 10,69% (…) es decir, alrededor de 5 puntos porcentuales por encima del promedio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en ese mismo período”.

Allí está claro el descalce entre los recursos asignados por Ley y los requerimientos de las 32 universidades públicas. Es más, de acuerdo con los profesores de la Universidad Nacional, Carlos José Quimbay Herrera y Jairo Orlando Villabona Robayo, el efecto acumulado de la reducción de los aportes de la Nación a los presupuestos de funcionamiento e inversión de las universidades entre 1993 y 2015 fue de 44,4%, al pasar de representar 3,6% del total de gastos del Gobierno Nacional en 1993 a solamente 2% en 2015.

Y no es para menos, toda vez que, según cifras de la Asociación Colombiana de Universidades (Ascun), el número de estudiantes matriculados en pregrado pasó de 159.218 en 1993 a 611.800 en 2016, creció casi cuatro veces y la cobertura se amplió entre 2010 y 2016 de 37,1% a 51,5%.

Pese a este avance tenemos por delante un camino largo por recorrer para posibilitar una mayor cohesión e inclusión social, en momentos en los que escuece saber que, a guisa de ejemplo, en la región pacífica solo siete jóvenes de cada 1.000 tienen la posibilidad cierta de pisar los predios de un claustro universitario. A ello se viene a añadir el alto índice de deserción, que supera 50%, motivada en gran medida por la precariedad económica de los hogares que acusan una mayor vulnerabilidad.

Además, como es bien sabido, el Decreto 1279 de 2002 reformó sustancialmente el régimen salarial y prestacional vigente y ello conllevó un mayor costo de funcionamiento para las universidades no previsto en la Ley 30 de 2012.

Además, toda universidad que se respete aspira a obtener el Registro Calificado y la Acreditación de Alta Calidad de sus programas, lo cual comporta unos requerimientos por parte del Ministerio de Educación, los cuales tienden a mejorar la calidad tanto de la institución como de los programas que ofrece.

Me refiero a la formación y especialización docente, a la infraestructura física y tecnológica, recursos de apoyo para las actividades de investigación y desarrollo, bienestar universitario, amén de los sistemas de gestión académica y administrativa. Y eso está muy bien, pero tienen un costo que deben asumir las universidades, que nada tiene que ver con el IPC anual, que es la base del incremento del presupuesto para las universidades públicas de un año a otro.

Se estima que por el solo concepto de gastos personales para el pago de docentes se ha venido acumulando anualmente un déficit de 4,4 puntos porcentuales con respecto al IPC, que se viene a sumar al déficit de $15 billones en el rubro de inversión.

Si algo contribuye a nivelar la cancha en la que jugamos todos los colombianos, es que todos tengan las oportunidades de acceso a educación de calidad, sea esta pública o privada. Ello es lo que está en juego, que no es un asunto de poca monta, pues solo un pueblo culto y educado puede encarar los retos que plantea la cuarta revolución industrial, en un mundo digital en el que se impone la inteligencia artificial, el internet de las cosas, el big data y la impresión 3D.

Un paso fundamental a dar en el propósito de contar con una política de Estado, no de Gobierno, concertada y consensuada para el fomento y apoyo de la educación superior pública, de manera integral, es la expedición del Documento Conpes largamente aplazado. Cada día, cada año que pasa sin que se dé este paso es un tiempo perdido para el progreso y el desarrollo con equidad.

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