Y la cuenta de cobro se la pasan al fútbol

Nadie puede poner en duda que el fútbol se ha convertido en el epicentro del sector económico del espectáculo en todo el mundo. Y que ese mismo éxito global ha atraído muchos problemas de orden público, especialmente en los países con debilidades de seguridad, instituciones y justicia. Lo ocurrido en el Estadio Pascual Guerrero de Cali durante la noche del pasado miércoles es solo uno de los ejemplos a los que están expuestos los empresarios y los espectadores seguidores del fútbol. Es simplista echarles la culpa a los equipos porque sus supuestos hinchas o seguidores hacen de su afición una expresión brutal del vandalismo. Peor aún es que el castigo que se les aplica a las aficiones violentas, sea quitarles puntos del campeonato a los equipos con seguidores inmersos en la barbarie; mientras que los actos de unos desadaptados contra la sociedad y el inmobiliario urbano siguen impunes por una justicia que no se ha modernizado para garantizar el derecho al trabajo y a la seguridad de la empresa deportiva.

Es otra dimensión de la inseguridad jurídica que vive el país expresada en que no hay garantías para hacer empresa de entretenimiento futbolero, un sector económico que crece a pasos agigantados. Hay casi un millar de jóvenes colombianos jugando en ligas profesionales de todo el mundo como una fórmula para progresar; las escuelas de fútbol están atestadas de niños que quieren seguir esa carrera; hay centenares de empresas que ven en ese espectáculo multitudinario un canal ideal para posicionar sus productos y servicios; los medios de comunicación tienen en los partidos de fútbol, sus actores y contextos, muchos contenidos que arrastran audiencias; cada vez hay más tiendas y almacenes que crecen alimentando el consumo de ropa deportiva ligada al balompié, y no son menores los dividendos que obtienen bares, restaurantes y hoteles de los equipos de fútbol. Atravesamos por los años de oro del llamado “deporte rey” y hay toda una economía real que no puede ser destruida por grupos antisociales que la han ido capturando.

Es el momento (antes de que ocurra una catástrofe que lamentar) que el Congreso de la República adelante una ley, con apoyo del Gobierno Nacional, que castigue severamente los desórdenes en las concentraciones masivas de personas que solo quieren disfrutar de un espectáculo en vivo, tal como hace unas décadas lo adelantaron varios países europeos cuando atravesaron estos mismos problemas. Se necesitan leyes fuertes contra los agitadores, vándalos y barristas violentos que se camuflan en una camiseta de algún club para generar miedo, caos, zozobra y daños económicos a los empresarios del fútbol. La respuesta inmediata de algunos mandatarios locales de prohibir el fútbol en sus ciudades o de las instituciones de control de este deporte de quitarle puntos a los equipos con barras violentas son castigos ingenuos que no resuelven el problema, pues los actores pasan desapercibidos y sus actos sin consecuencias legales.

Hacer empresa en Colombia es bien difícil y no se puede debilitar a quienes han encontrado en el espectáculo del fútbol un filón para sus negocios y llevar entretenimiento; el Estado debe garantizar la seguridad para el libre desarrollo empresarial -independientemente del sector económico- sin que sus intereses sean expuestos o vulnerados por desordenes públicos. Prohibir partidos, cerrar estadios o quitar puntos, son salidas simplistas de un problema que crece; no se están cortando los problemas a fondo, es caer en el dicho popular de “vender el sofá”.