jueves, 24 de abril de 2014

Algún ciudadano, invocando sus derechos políticos -quebrantados en cuanto su voto fue inane porque el funcionario elegido popularmente fue separado del cargo por funcionario administrativo y no por delitos, en contra de lo pactado en la Convención Americana de Derechos Humanos- acudió a la acción de tutela, y le fue concedida por el Tribunal de Distrito Judicial de Bogotá, que ordenó a Santos dar cumplimiento a las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -vinculantes para el Estado- y restituir al alcalde en su cargo. 

Desde luego, en cuanto tales medidas se habían adoptado para impedir un perjuicio irremediable, a la luz del sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos -entre los cuales se encuentran los políticos, como lo dicen la Convención y el artículo 40 de nuestra Constitución- lo que encontró el Tribunal dentro de su autonomía funcional y como juez constitucional, fue, ni más ni menos, que el presidente había violado los derechos del alcalde, objeto de protección transitoria que dispensaban las medidas cautelares, y los derechos políticos de sus electores. 

El presidente acató la decisión y aunque en el decreto por el cual reintegró al alcalde en sus funciones no reconoció esa violación -en todo caso fallada por el Tribunal-, en la práctica aplicó dichas medidas, que desde antes se encontraban y encuentran en pleno vigor, amparaban y amparan al alcalde, y obligan y obligaban al gobierno aunque no se hubiera concedido la tutela -lo que significa que el presidente estaba incurso en desacato-. 

Pero contradictoriamente, en su improvisado discurso, Santos enfiló baterías contra la acción de tutela y anunció que la piensa reformar, esto es, desmontarla o inutilizarla, para que en el futuro no lo vuelvan a obligar a cumplir la Constitución y a respetar los derechos fundamentales. 

Entonces, Santos violó la Constitución, vulneró derechos, tuvo que cumplir a regañadientes las medidas cautelares emanadas de una convención internacional obligatoria para Colombia, y ahora la culpa no la tiene él sino la acción de tutela que protegió los derechos quebrantados. Como decía alguien: “Está brava mi comadre porque se robó mis gallinas” 

Será con esa lógica que se obre por este gobierno, que entonces es enemigo de los mecanismos de protección de los derechos. Procurará -como ya lo ha querido hacer con la reforma a la salud- suprimir o hacer nugatorio el único instrumento judicial eficaz con que cuentan los colombianos para hacer que los funcionarios arbitrarios respeten sus derechos básicos, y cree ingenuamente que con eso va a ganar muchos votos para su aspiración reeleccionista.