domingo, 6 de julio de 2014
La Universidad Tecnológica de Pereira, principal centro de educación superior de Risaralda, pasa por un momento difícil, una compleja situación que amenaza no solo con socavar la ya maltrecha participación democrática al interior de la alma máter, sino con vulnerar los derechos fundamentales de libertad de asociación, libertad de pensamiento y expresión, y el derecho a la vida de los principales miembros de su comunidad académica: los estudiantes.
El pasado 19 de junio, varios educandos recibieron serias amenazas de muerte a través de sus cuentas en redes sociales de Internet.
Aparte de tildarlos de guerrilleros (mote reaccionario que junto con el recientemente difundido ‘castrochavismo’ macartizan a quienes defienden una posición política progresista) les dan un plazo de 40 días para abandonar la ciudad so pena de atentar contra sus vidas.
Las intimidaciones, fuera de producir zozobra en sus destinatarios, pretenden restarle fuerza a un movimiento estudiantil hoy convertido en una importante fuerza de oposición a la cuestionada administración de la universidad encabezada, desde hace 15 años, por el ingeniero Luis Enrique Arango Jiménez.
Descontando las tradicionales demandas por mayores recursos para fortalecer una educación pública de calidad, algunos de los estudiantes comprometidos con la incómoda situación fueron activos en investigar y evidenciar la celebración de onerosos contratos con objetos inocuos en varias dependencias de la universidad; en apoyar las denuncias que en su momento se hicieron contra un amañado concurso para proveer plazas docentes; o en respaldar las acciones judiciales presentadas contra la ilegal expedición de un Acuerdo a través del cual se amplió, en 10 años, la edad de retiro forzoso del rector, vaciando así la competencia del Congreso de la República de fijar mediante ley esa excepción a la regla general de retiro a los 65 años de edad. Esas posturas, evidentemente, generan incomodidad en un statu quo neoconservador que asume la diferencia, la diversidad y el ejercicio ciudadano en defensa de los derechos, como imperdonables provocaciones a su absolutismo político y moral.
El riesgo enfrentado por los estudiantes no solo los afecta a ellos, a sus familias o a su círculo de amigos, también lesiona al conjunto de la comunidad universitaria que inerme sigue presenciando la dificultad en alcanzar una educación superior verdaderamente pública, democrática, reflexiva, crítica y libre de miedo.
