Una urgente necesidad…

Durante los últimos años se ha generado un gran interés en materia de protección del consumidor y educación financiera, siendo hoy componentes integrales de las políticas públicas latinoamericanas, de la agenda del Gobierno Nacional, de la academia, del sector financiero, de los bancos centrales y las organizaciones de la sociedad civil. En Colombia, siguiendo dicha tendencia, se han venido implementando diversas medidas encaminadas a garantizar que los derechos y obligaciones de los consumidores financieros sean  conocidos y divulgados. En efecto, en desarrollo del artículo 78 de la Constitución Nacional, se han tramitado diversas iniciativas legislativas que reglamentan el régimen especial de protección al consumidor en materia financiera, bursátil y aseguradora. Entre ellas se destacan la Ley 1328 de 2009 (Reforma Financiera) y la Ley 1748 de 2014. Esta última, mejor conocida como Ley de Precios Transparentes, establece la obligación de brindar información detallada y consolidada a los consumidores respecto a los servicios financieros, una herramienta fundamental para garantizar la protección y satisfacción de los usuarios del sector financiero.

Si bien en el tránsito de convergencia hacia los estándares internacionales que dicta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico -Ocde-, Colombia ha venido adoptando los lineamientos propuestos por la Red Internacional sobre Educación Financiera (Infe), cuyo objetivo es proveer a los gobiernos un escenario único donde puedan intercambiar experiencias y puntos de vista en este aspecto, hay varias medidas que están también en curso y que son cruciales en este proceso. Por un lado, el sistema bancario, siendo consciente de los beneficios que tiene para el país contar con ciudadanos mejor educados financieramente, ha venido focalizando esfuerzos en pro de la incorporación de una norma que permita implementar dentro del Proyecto Educativo Institucional -PEI- orientaciones pedagógicas para la educación económica y financiera, una propuesta que está pendiente del aval del Gobierno Nacional y que esperamos se materialice en el corto plazo. 

De otro lado, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 quedó establecido de manera expresa en sus bases generales la importancia que tiene la educación financiera como componente esencial en el mejoramiento de las capacidades productivas y comerciales de las comunidades rurales, un avance sin duda sustancial y que permitirá que los esfuerzos en esta materia tengan el carácter prioritario que se ha venido reclamando.

Sin embargo, pese a estos avances, aún existe una clara preocupación por el estado primitivo en el que se encuentra la educación financiera en Colombia y sus efectos adversos en materia de competitividad y desarrollo económico. Muestra de esto son los resultados poco alentadores y sí muy alertadores de las pruebas PISA 2014, que nos situaron en el último lugar de la tabla de los países evaluados en esta materia. Y es que aún son muchos los retos que el país tiene que superar en este frente y de aquí la importancia de dinamizar la convergencia hacia las mejores prácticas internacionales. Para lograr nuestro ingreso a la Ocde se deben cumplir términos, condiciones y procesos que se han establecido a través de una hoja de ruta para trabajar en tres frentes prioritarios: en la diversificación de la estructura productiva, en el incremento de la productividad y competitividad económica, y en el robustecimiento de políticas sociales y económicas que promuevan la reducción de la desigualdad social y la pobreza.  

Estas prioridades se pueden abordar desde la línea estratégica de la educación, garantizando que sea una solución efectiva y sostenible a largo plazo. De esta forma, un mayor desarrollo financiero y educacional se convierte en un reto para lograr fortalecer el crecimiento inclusivo en un entorno de buen gobierno corporativo.

Tenemos que percatarnos también de la necesidad de mejorar la cobertura de la educación, pero a su vez, de la necesidad de contar con una educación de calidad. Fortalecer la inclusión, el acceso a los servicios financieros y propiciar el consumo responsable, más que una buena práctica, es una exigencia del mercado actual. En esta dirección, hay que celebrar el reciente lanzamiento del Portal de Educación Financiera “Saber más, Ser más” realizado por la Asociación Bancaria, sin duda otro logro importante para seguir avanzando en una mayor inclusión financiera que le permita cada vez a más colombianos apalancarse en el sector financiero con organizaciones que educan, protegen y satisfacen las necesidades de sus clientes y usuarios. El objetivo es lograr una Colombia capaz de tomar decisiones financieras con criterio y autonomía para su bienestar, y el medio para cumplirlo es tener a un consumidor informado, protegido, satisfecho y que confía en las entidades prestadoras de los servicios bancarios.