Una reforma pendiente

Si bien la Reforma Tributaria aprobada a finales del año robusteció el estatuto tributario y representó un parte de tranquilidad ante los mercados internacionales, aún persisten ciertas dudas acerca del carácter “estructural” de la misma y de su capacidad de generación de ingresos. Por tal razón, además del necesario y siempre oportuno ajuste por el lado de los ingresos, el país requiere una reforma integral del gasto, que realice una adecuada priorización del mismo, reduzca las inflexibilidades presupuestales y garantice una ejecución más eficiente. 

Conscientes de la necesidad de optimizar el gasto y aumentar la eficiencia de la inversión pública, el Gobierno anunció la conformación de la denominada “Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión”, la cual realizará un estudio comprehensivo e integral del gasto y la inversión pública, así como de las oportunidades de mejora que existen en estos frentes.

Establecer recomendaciones estructuradas requiere de un análisis profundo y riguroso, pero existen ciertos elementos generales que, necesariamente, debería contener la propuesta de la comisión. Dentro de estos se destacan las reformas al Sistema General de Participaciones (SGP), al sistema pensional y, en general, al esquema de transferencias. Esto cobra una relevancia especial si se tiene en cuenta que el gasto destinado a transferencias representa cerca de 57% del gasto público total del país.

Una de las principales recomendaciones que debe contener la reforma al SGP consiste en simplificar los criterios de asignación y distribución de las transferencias a las regiones, pues el sistema de asignación actual es altamente complejo y dificulta la evaluación y el adecuado seguimiento de los criterios. Como resulta natural, las modificaciones al sistema deben ir acompañadas por un fortalecimiento de la capacidad de gestión y de generación de ingresos de los departamentos y municipios, de tal forma que estos puedan hacerle frente de una mejor manera a las responsabilidades que tienen a su cargo.

La reforma pensional, por su parte, resulta inaplazable, no solo por las grandes deficiencias del sistema actual sino por la sostenibilidad de las finanzas públicas. Las cifras en este sentido son alarmantes. Bajo los parámetros actuales, solo una de cada diez personas que cotizan en el sistema podrá acceder a una pensión. Además de los problemas de cobertura, el gasto que hoy se destina a pensiones implica enormes costos fiscales, los cuales bordearon en 2016 cerca de 3,5% del PIB, una cifra a todas luces insostenible a mediano y largo plazo. 

Cabe señalar, en este escenario, que ningún sistema pensional será financieramente sostenible si los años que cubren las pensiones no aumentan en la misma proporción que los años de cotización, razón por la cual resulta imprescindible que los parámetros con los que se calculan las pensiones se ajusten a las condiciones demográficas y sociales de la población. 

En suma, todas las recomendaciones tendientes a optimizar el gasto público son bienvenidas, pues además de los efectos directos sobre la sostenibilidad fiscal, traen consigo efectos virtuosos sobre la equidad, la formalización de la economía, la gestión pública y el fortalecimiento institucional. Además, la continuidad de los programas de inversión social demanda, hoy más que nunca, unas finanzas públicas sostenibles y fortalecidas, lo que hace imperativo seguir avanzando de manera contundente y decidida en estos frentes.