Un voz por la institucionalidad

Llevamos más de un década viendo cómo se debilita la institucionalidad del país, esa figura usada en muchos debates políticos pero poco respetada, que es la misma que está actualmente en una “gran depresión” por cuenta del juego del poder. Todo comenzó en la era del expresidente Uribe. En ese momento, con tal de tener el manejo de las distintas ramas del Estado, se entró en una confrontación con las máximas cabezas del poder judicial, las altas cortes, cuyos miembros (sabiendo o no el exmandatario) fueron vulnerados de manera grosera en su intimidad, tratando de pescar en río revuelto y de lograr desdibujar la majestuosidad de la justicia. 

Esa realidad, latente y no ajena a todo el establecimiento político y económico de nuestro país, siguió su mal curso explotando con lo que vemos hoy como las noticias de primera plana en Colombia. Serios enfrentamientos entre las cabezas de los órganos de control han llevado a que posiciones personales estén por encima del respeto a la Constitución y, sobre todo, de los ciudadanos que somos los espectadores no invitados a un circo romano al que nadie quiere acudir cuando de progreso se trata. El hecho desafortunado de las declaraciones del fiscal general en lo referente al tribunal de aforados, quien al mejor estilo de Petro llamó casi a la desobediencia de la rama judicial ante la posibilidad de ser investigados o juzgados aquellos por un “supertribunal”, no es otra cosa que la forma en la que hace erupción la crisis de las instituciones en nuestro país. 

Esa precaria situación en la que están las instituciones, entre ellas la justicia, queda clara al momento en que un juez ya no solo está sometido al imperio de la ley, pues hoy los medios de comunicación pueden determinar los sentidos de los fallos. Encontramos magistrados explicando sus decisiones cuando las sentencias hablan por sí solas y es el mecanismo por el que el juez o magistrado se comunica con los ciudadanos. Es un principio que deberíamos copiar de Estados Unidos, donde, si bien el periodismo es libre de debatir o generar controversia por determinado fallo, no se ve a un funcionario judicial dando declaraciones a los medios sobre las bases por las cuales tomó o no determinada posición.

Esa aguda y triste crisis en la que está la institucionalidad es también la base de la desigualdad, que permite que los colombianos no acudan a solucionar sus controversias a los mecanismos creados por el legislador, sino que sea la ley del ojo por ojo la que reine y siga haciendo carrera en un país donde la escala de valores está más que invertida. Un país con una justicia ágil, eficiente y con respeto por las instituciones es más que merecedor de entrar a organizaciones internacionales como la Ocde. No es justo que, además de las vías de hecho a las que hemos tenido que ser sometidos los ciudadanos, tengamos que soportar que quienes deben dar más ejemplo, como son los dirigentes políticos, sean los que den muestras de la pobre realidad de la sociedad colombiana.

La educación, dicen las mamás, empieza por el ejemplo, y por más billones que invirtamos, podremos tener jóvenes muy bien formados en matemáticas o muy bilingües, pero jamás tendremos adultos que respeten al otro o consideren (como debe ser) que la política es para servir a los demás, que ser servidor público es un honor y una actividad altruista donde es la vocación la que llama y no la obligación del no hay más. Esos valores que el profesor Mockus tenía como lemas de campaña son los que se han perdido y que, si seguimos en esta ola de intereses personales y de revancha, difícilmente vamos a poder considerar como fundamentadores de la vida en Colombia.  

El progreso de una sociedad no se mide por cuánto crezca su economía o su PIB: se refleja en la manera en que se respetan las ideas, en cómo se relacionan sus habitantes, pacíficamente, y en la forma institucional de resolver sus conflictos. Si queremos realmente superar el subdesarrollo y tener paz, el camino por el que vamos no es el correcto: hay que pasar del estadio de intolerancia total o parcial a uno donde son bien recibidas y debatidas con argumentos y no con amenazas las ideas del otro, y donde el producto para mostrar sea cuanto conocimiento se produce en el país, reflejado en algunos casos en patentes que impacten la verdadera agenda global a la que no hemos querido entrar por andar agarrados como perros y gatos por el poder.