• Carlos Eduardo González

viernes, 21 de abril de 2017

En la respuesta, firmada por la viceministra general de Hacienda, María Ximena Cadena, la cartera expuso la propuesta del accionista mayoritario y que analiza el Gobierno. De no hacerse la capitalización, Coltel necesitaría endeudarse más y llegaría a niveles de apalancamiento de deuda de $9,35 billones a finales de 2017 y a $10,3 billones a final de 2019, lo que la pondría en riesgo crediticio.

Además, en relación a la pregunta de cuál ha sido el retorno de la inversión de $3,64 billones hecha en 2012, Cadena escribió que, por ejemplo, en 2016 hubo un reintegro sobre capital empleado de 10,8%. De igual forma, el Ministerio señaló que de no haberse hecho la capitalización, se habría tenido que liquidar la empresa.

De acuerdo con la información de la entidad, la Nación tiene una participación de 32,5% en la compañía, mientras que la española Telefónica (que compró Telecom en 2006) el restante 67,5%. 

Una de las posibles críticas que surge con esta inyección de capital es la dilución del dinero en burocracia, costos administrativos y que no se hagan  procesos de inversión, explicó Francisco Cubillos, director del departamento de Administración de Empresas de la Universidad Central, quien agregó que no tiene sentido que el Estado esté “sacado un volumen importante de recursos, ya que eso termina beneficiando a los socios privados de la firma”. 

Con los recursos de la eventual capitalización, de acuerdo con la propuesta del accionista mayoritario, se estaría prepagando la obligación de Coltel con el Parapat, el patrimonio autónomo  que se constituyó para el pago de las pensiones, y esto aliviaría el flujo de caja de la empresa, para atender sus obligaciones financieras.

La posición del Ministerio de Hacienda es que en el análisis del Gobierno prima el objetivo de garantizar el pago de las pensiones y defender los derechos de los extrabajadores de la antigua Telecom y sus teleasociadas.

Además, se aclaró que Telefónica, como accionista mayoritario de Coltel, no tiene responsabilidad directa en el pago del pasivo pensional de la extinta Telecom y las teleasociadas, “por el contrario, su responsabilidad se encuentra limitada al monto de sus aportes en la sociedad”.

Para el senador Ángel Custodio Cabrera, presidente de la Comisión Sexta, esta opción es válida contablemente, ya que “si saneamos la compañía, las acciones del Gobierno quedan tranquilas”, si eso no se hace, el propio patrimonio del Estado puede correr riesgo.

De igual forma, el parlamentario señaló que, aunque el Gobierno no lo ha manifestado públicamente, una de las opciones sería sanear la compañía, para después vender la participación de la Nación y salir de ese negocio. 

Las opiniones

Francisco Cubillos
Dir. de adm. de Empresas de la U. Central
“No es necesario este tipo de capitalización en una empresa, ya que no tiene sentido que se esté sacando un volumen importante de recursos para terminar beneficiando a los socios privados”.

Ángel Custodio Cabrera
senador de la República
“Las pérdidas de la empresa están superando 50% del patrimonio, eso significa que es urgente una capitalización. El Gobierno como tal no tiene recursos para salir a sacar plata para capitalizar”.