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Analistas 28/11/2015

Seguridad vs. Privacidad: vuelve y juega

Javier Villamizar
Managing Director
La República Más
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El uso por parte de terroristas de tecnologías de cifrado o encriptación de datos con el fin de ocultar sus comunicaciones en Internet, volvió a tomar las primeras páginas de los diarios luego de las investigaciones iniciales relacionadas con los lamentables acontecimientos sucedidos en París hace unos días. El hecho de que los principales sospechosos de los abominables actos terroristas hayan utilizado herramientas de comunicación segura de uso público complica su identificación. De otro lado, cualquier medida a ser tomada con el fin de prevenir tragedias similares en el futuro, exacerbará aún más el dilema sobre los frágiles límites entre privacidad y seguridad en la red.

Todo indica que los “yihadistas” detrás de lo atentados en Francia, utilizaban la aplicación de mensajería gratuita Telegram, similar a la popular WhatsApp, aunque con un sistema de cifrado más complejo para organizarse en secreto y mantener sus planes fuera del alcance de las autoridades y de las organizaciones antiterroristas de los países europeos. Telegram, una aplicación sin mayores pretensiones y con menos usuarios a nivel global que WhatsApp o WeChat, la hace interesante para usuarios de la red fuera de la ley, ya que la misma garantiza no sólo que el emisor y el receptor sean los únicos que puedan ver los contenidos de los mensajes, sino que el sistema de encriptación también incluye los propios datos almacenados en los teléfonos móviles. Gracias a esta característica, incluso si las fuerzas del orden logran tomar posesión de un teléfono móvil de un sospechoso, el poder descifrar la información dentro de la memoria del dispositivo puede tomar semanas o incluso meses.

La encriptación se convierte entonces es un arma de doble filo. Al querer proteger el intercambio privado de información, estas tecnologías le sirven como herramienta a los servicios de seguridad y a movimientos prodemocráticos y al mismo tiempo ayudan a encubrir a extremistas violentos. Luego de los atentados de París, se ha vuelto a tomar conciencia sobre el tema y se oyen voces que piden a los servicios de seguridad que mejoren sus herramientas para la vigilancia de sospechosos que se valen de comunicaciones encriptadas. El problema es que una vez mas, como sucedió luego del 11 de Septiembre, la situación se puede prestar para abusos y captura indiscriminada de datos, no habiendo una solución inmediata que garantice la privacidad y las libertades civiles. Las revelaciones de Edward Snowden en 2013 sobre los mecanismos de captura de mensajes, llamadas y todo tipo de información privada realizadas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) han provocado que incluso los ciudadanos del común busquen la manera de encriptar su información.

El gobierno de Estados Unidos por un lado apoya el uso de mecanismos de encriptación y utiliza recursos del Estado para financiar varios proyectos en este ámbito, con el objetivo de apoyar a activistas prodemocráticos en países dominados por regímenes autoritarios, pero al mismo tiempo presiona para que existan “puertas de acceso” a la información encriptada para ser utilizadas en sus investigaciones. La candidata demócrata a la presidencia estadounidense Hillary Clinton propuso hace unos días que el sector privado especializado en tecnología trabaje de la mano con los gobiernos para establecer mecanismos de vigilancia de las comunicaciones de “terroristas” con el fin de prevenir futuros ataques, pero al mismo tiempo se proteja la privacidad de los ciudadanos. La señora Clinton, aunque tiene un punto válido, no pareciera comprender que cualquier mecanismo que permita el acceso de autoridades públicas a los datos encriptados de cualquier individuo, potencialmente podría ser usado por hackers o por gobiernos represores. El dilema que enfrentan las empresas de tecnología como Apple, Google o Microsoft es complejo, por un lado se sienten obligados a hacer que sus sistemas de mensajería sean seguros e inviolables y por otro lado tienen una obligación moral de ayudar a las autoridades a prevenir el terrorismo.
 

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