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Las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en el país se encuentran por encima de sus costos económicos, debido no solo a que en la estructura de costos se ha incorporado una serie de deficiencias de las empresas, sino también a factores perniciosos que está presente, frente a lo cual, ante la inminente expedición de la tercera metodología tarifaria, los usuarios exigimos al regulador que emita señales efectivas para incentivar a las empresas del sector a lograr mayores niveles de eficiencia y por ende a la reducción de las tarifas.
Con la expedición de la primera metodología, en 1995, se logró imprimir mayor eficiencia al sector, proceso que fue mejorado con la 2a (Resolución CRA-287 de 2004), la cual excluyó una serie de costos que no correspondían a la prestación de los servicios e incorporó un modelo de eficiencia comparativa (Análisis de la envolvente de datos -DEA), reduciendo así algunas distorsiones que presentaba la primera, sin embargo en la estructura de costos permanecen factores que elevan las tarifas por encima de sus costos económicos, entre los que se encuentran:
La conformación de los costos medios de Administración (CMA) y Operación (CMO) se hizo a partir de los costos contables (estados financieros de 2002 y 2003), lo que permitió que las empresas incorporaran sobrecostos originados por: innecesarios y onerosos contratos, plantas de personal sobre dimensionadas, altos niveles de cartera morosa, relación beneficio/costo negativa en la tercerización de actividades (deficiencias que en su mayor parte obedecen a la alta injerencia política), costos ineficientes que se continúan incrementando en la mayoría de las empresas, que si bien no afecta a las actuales tarifas, si impactará sobre las próximas debido a que los estados financieros de 2012 y 2013 servirían de base para conformar los nuevos costos medios.
El CMO también está afectado por el Nivel máximo permitido de pérdidas de agua (P*), el cual la 1a metodología estableció en 30% y mantuvo la 2a, tope que es superado ampliamente por el Índice de agua no contabilizada (IANC) que presenta la mayoría de las empresas, elevados niveles de ineficiencia que la regulación permite incorporar en la estructura de costos y tarifas. Si la nueva metodología reduce este nivel de pérdidas, se obligaría a las empresas a ser más eficientes, más aún si se tiene en cuenta que en el país algunas de ellas han logrado niveles inferiores a P*.
De otra parte, las inversiones que han realizado las empresas se recuperan por medio del Valor de los activos (VA) mediante el cargo por depreciación y las que se proyectan hacer en un horizonte de 10 años por medio del Valor presente de inversión (VPI), dualidad que implica doble cobro debido a que las obras proyectadas que se van terminando son incorporadas al proceso productivo donde se cargan al VA. Por esta razón el VPI debe ser eliminado de la estructura de costos de acueducto y alcantarillado, o en otro caso no incorporar dichas obras al VA.
De esta forma los anteriores factores, al igual que otros más, elevan las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado por encima de sus costos económicos, tal como lo he divulgado en diferentes escenarios (por este medio en las columnas del 17, 18, 19 y 20 de diciembre de 2010), de ahí que es hora para que el Regulador realice los ajustes pertinentes con el propósito de lograr mayores niveles de eficiencia en el sector, tal como lo determina la regulación del sector.
