• Carlos Eduardo González

viernes, 28 de abril de 2017

La investigación del organismo arrojó que en las obras de modernización que se desarrollaron durante 12 años, (2003-2015), se identificó un peculado de más de $610.000 millones, representado en pagos de facturación por bienes o servicios no prestados al proyecto; subcontrataciones no autorizadas por Reficar; gastos suntuosos y extravagantes no relacionados con el proyecto; pago duplicado de costos, y pago por equipos que no prestaron servicio al proyecto.

Esto muestra que al año se desperdiciaron $50.833 millones y al día cerca de $140 millones, monto con el que se construirían más de 1.000 casas gratuitas del Gobierno cada 12 meses.

El fiscal Martínez expresó que el país “necesita saber si con cargo a la chequera de los colombianos, al bolsillo de los colombianos, se financiaron otras obras ejecutadas por CB&I en el mundo”, además, anunció que entre las personas que fueron imputadas por el ente acusador están Orlando José Cabrales Martínez, presidente de Reficar (2009-2012); Reyes Reinoso Yáñez, presidente de Reficar (2012-2016); Felipe Laverde Concha, vicepresidente Jurídico de Reficar (2009-2017); Pedro Alfonso Rosales Navarro, vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol (2008); Nicolás Isaksson Palacios, líder del grupo legal de Reficar (2013-2017); Philip Kent Asherman, representante legal de CB&I (2010); Massoud Deidehban, director de proyectos y representante legal de CB&I (2009); y Carlos Alberto Lloreda Silva, revisor fiscal de Reficar (2013-2015). 

Las conductas tipificadas son interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito y falsedad en documentos.

Para el abogado Jairo del Mar, esas faltas afectan a la seguridad pública y al Estado, entonces “son delitos de alto impacto, que tienen regulado medida de aseguramiento, en establecimiento carcelario”.

Según el Código Penal, el delito menos grave es el de falsedad en documentos, pues está contemplado en una pena de entre uno y nueve años, mientras que el interés indebido en la celebración de contratos puede dar entre cuatro y 12 años de prisión; el enriquecimiento ilícito pone entre nueve y 15 años y, el más grave de todos es el de peculado por apropiación, ya que contempla penas entre ocho y 22,5 años. 

En 2006, Glencore (51%) y Ecopetrol constituyeron la sociedad “Refinería de Cartagena S.A. Reficar”, que estaría encargada de las obras. Luego en 2007 Reficar escogió a Chicago Bridge & Iron Company (CB&I) para hacer la ingeniería, las compras y la construcción de la refinería.

Sin embargo, en 2009 Glencore salió del proyecto y Ecopetrol adquirió 100% de la participación de la refinería, para luego contratar a Foster Wheeler & Process Consultant (Fjpvc) para llevar a cabo “el gerenciamiento, supervisión y control del proyecto”, según la Fiscalía.

Ya en 2010, la estatal petrolera suscribió dos contratos con CB&I “en la modalidad contractual costos reembolsables”, lo que generó que los riesgos de sobrecostos fueran asumidos totalmente por el Estado. 

“Según ha podido evidenciar la Fiscalía, hubo cobros irrazonables, desproporcionados y sin ninguna relación con el proyecto”, dijo Martínez, quien agregó que ha estado recibiendo amenazas de muerte provenientes de Villavicencio. 

Según el jefe de la entidad, el despilfarro fue tan grande, que se encontraron pagos por servicios de Spa para los directivos de la entidad contratista.

Cabe destacar que la Fiscalía continuará las investigaciones al llamar a interrogatorio a Isaac Yanovich y Javier Gutiérrez, expresidentes de Ecopetrol, al igual que a otros seis ejecutivos.

También “llamará a declaración jurada a los miembros de las juntas directivas de Ecopetrol y Reficar durante el periodo de ejecución del proyecto”. 

Según los expertos esto no significa nada, pues aunque pueden estar implicados en el caso, eso se constituye en una herramienta para seguir indagando. 

Antecedentes

Entre los funcionarios que la Fiscalía llamará a interrogatorio por “el mayor descalabro financiero de la historia del país” también  están Jaime Flórez, gerente de vicepresidencia de Refinación de Ecopetrol (2007-2008); Jorge Enrique Carvajales, presidente de Reficar (2006-2008); Andrés Virgilio Riera, vicepresidente de preparación y puesta en marcha de Reficar (2015-2016); Richard Cohen, representante legal Glencore (2008-2009). Con relación a la investigación, Reficar envió un comunicado en el que señaló que siempre ha colaborado con las autoridades y que esta no afecta su operación.

Las opiniones

Jairo del Mar
Fundador de Del Mar Abogados
“Estos delitos que se mencionan afectan la seguridad pública y al Estado. Entonces son faltas de alto impacto, que tienen regulada la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario”.

Néstor Humberto Martínez
Fiscal General de la Nación
“La tasación de una conducta que debe imputarse a título de peculado contra los responsables ya identificados por la Fiscalía General de la Nación es superior a la cifra de $610.000 millones”.