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Sacyr se juega en septiembre US$570 millones de sobrecostes en Panamá

jueves, 10 de julio de 2014
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Las obras de la ampliación del Canal de Panamá atraen la mirada de todo el mundo. "Bill Gates, su mujer y sus hijos vinieron a visitarnos a finales de 2012 para admirar las dimensiones del proyecto", asegura el español José Peláez, desde abril de este año al frente de las obras del tercer juego de esclusas, un contrato liderado por Sacyr que, después de cinco años de trabajo, se encuentra al 85% de ejecución de la obra civil (75% en total) y va a consumir casi US$3.118 millones más de lo presupuestado en la fase de adjudicación.

Las dimensiones del proyecto lo convierten en una obra única. "Los cinco millones de metros cúbicos de hormigón que se van a utilizar en las esclusas de ambos lados del Canal equivalen a dos pirámides de Keops y el acero (220.000 toneladas), a 22 torres Eiffel", subraya Peláez para ilustrar la complejidad técnica de una obra que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de Sacyr.

La constructora está tan pendiente de la marcha del trabajo que se ha planteado celebrar uno de los próximos consejos en Panamá, con el desplazamiento al país de los catorce administradores de la empresa. "Lo intentamos en junio, después de la junta de accionistas, pero fue imposible hacer coincidir las agendas", indican en el grupo.

Para salir airosa de este contrato, la compañía necesita que la ACP o alguna de las dos instancias arbitrales (la Junta de Resolución de Conflictos y la Corte de Arbitraje Internacional) acepten buena parte de los US$2.176 millones en reclamaciones, de los que el consorcio de Sacyr (43%), Impregilo (41%), Jan de Nul (15%) y la local Cusa (1%), solo ha cobrado de momento US$19 millones."En estos momentos lo más importante es terminar la obra y perder lo menos posible", reconocen en la dirección del consorcio que siguen viendo en la Administración del Canal de Panamá (ACP) una actitud distante pese a haber firmado un acuerdo en marzo de este año que permitirá continuar las obras con tranquilidad, al menos, durante este año. En teoría, el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) debe entregar el proyecto al cliente en diciembre de 2015, aunque podría demorarse sin penalizaciones hasta febrero de 2016.

Según ese pacto, aún por rubricar definitivamente, GUPC y la ACP aportarán US$100 millones cada una. Además, el consorcio se ha encargado de buscar otros US$400 millones a través de un crédito garantizado por Cesce y Zurich que, en teoría, debería aportarse antes el próximo 31 de julio. A cambio, la ACP acordó no reclamar el reembolso de US$780 millones en anticipos hasta 2018, fecha en la que se espera que estén resueltas la mayoría de las reclamaciones y en la que termina la fase de mantenimiento de la obra. Además de los recursos extraordinarios pactados en marzo, la ACP ha vuelto a normalizar el sistema de certificaciones de obras y en el último mes GUPC ya dispone de otros US$80 millones por obras certificadas.

Agravios comparativos
A menor escala, otras compañías han conseguido sacar adelante sus reclamaciones económicas ante la ACP con menor esfuerzo y en menos tiempo. FCC figura entre las últimas beneficiadas. Según las fuentes consultadas, la compañía controlada por Esther Koplowitz, con fuertes intereses en el país, ha conseguido que la ACP acepte elevar el presupuesto para realizar un tramo de la ampliación de US$267 millones hasta US$340 millones. El reequilibrio ha sido posible a pesar de que el proyecto de FCC acumula retrasos de dos años respecto a la fecha prevista inicialmente. Sacyr ha presentado 90 reclamaciones de las que solo dos han prosperado. En los próximos meses el grupo deberá defender una reclamación de US$163 millones en la corte de arbitraje internacional en Miami por los sobrecostes en la construcción de una ataguía. Pero el acto de reclamación más importante tendrá lugar en septiembre cuando se inicie la primera vista en la Junta de Resolución de Conflictos (DAB en sus siglas en inglés) por los sobrecostes de hormigón, según GUPC, de US$570 millones.

Estos supuestos agravios comparativos no pasan desapercibidos para la dirección de Sacyr, que, no obstante, ha acelerado el ritmo de ejecución de las obras. Actualmente el proyecto está a pleno rendimiento. GUPC ya se encuentra en la fase de montaje de las compuertas de las esclusas, una de las partes más sensibles del contrato, cuyo presupuesto asciende a US$500 millones. Las compuertas, encargadas al astillero italiano Cimolai, sobresalen por ser el pedido más caro de GUPC y porque la logística para colocar esas estructuras metálicas en su sitio moviliza grandes recursos. El consorcio ha tenido que construir una carretera exclusivamente hecha para transportar las compuertas. "Solo en la infraestructura de transporte hemos dedicado US$40 millones". Por coste, los pedidos más caros tras las compuertas son el juego de válvulas encargado a Hyundai por US$250 millones y el acero encargado a Arcelor Mittal, por US$180 millones. Entre los encargos más relevantes también destaca el contrato con Indra para instalar los sistemas de control por US$50 millones, o el presupuesto de US$160 millones para la compra de cemento a Cemex.

Otros contratos
En total, el tercer juego de esclusas da trabajo a unas 9.000 personas entre empleo directo e indirecto, de los que unos 300 especialistas son españoles desplazados en Panamá. "Actualmente hay más de treinta nacionalidades distintas trabajando a doble turno", señalan en GUPC para poner de relieve el esfuerzo de gestión de un proyecto del que dependen miles de familias en Panamá. El consorcio es en la actualidad el mayor grupo de construcción del país con los salarios más elevados. "De media, un peón de obra cobra entre US$800 y US$1.000 y un gruista, el doble", indican en Sacyr.

Aprovechando la experiencia adquirida y los recursos empleados en el país, Sacyr quiere incrementar su cartera de trabajo en Panamá. Acaba de ganar la construcción de una planta hidroeléctrica de 22 MW por US$60 millones y podría presentar una oferta por la segunda línea del metro de la capital con un presupuesto de US$1.500 millones. El Gobierno licitará esta obra en breve.

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