Sacyr obstaculiza proyecto 4G como en caso Commsa

El nuevo caso se remonta a 2015, cuando a Sacyr Concesiones se le adjudicó el proyecto de rehabilitación, mejora  y operación del Corredor 5, entre Puerta de Hierro- Palmar de Varela- Carreto- Cruz del Viso, con una extensión de 196 kilómetros entre los departamentos de Sucre, Bolívar y Atlántico. 

La empresa logró la concesión debido a que ofreció el precio más bajo entre cuatro competidores que participaron en la oferta. Según informó Sacyr en su página, la inversión aproximada sería de US$275 millones.

Con la firma Concesionaria Vial Montes de María, propiedad de la empresa española, se dio inicio a las obras. Pero en los pasados días se conoció el primer problema: la compañía solicitó la declaratoria de un Evento Eximente de Responsabilidad, una medida con la cual alegaban la presencia de unos suelos inestables, factor por el cual se rehusaban a iniciar las obras. 

Esto suscitó una controversia entre la Agencia Nacional de Infraestructura y el consorcio, por lo que se solicitó la intervención del “Amigable Componedor”, quien falló a favor del Estado y negó la solicitud de la corporación. Frente a eso, la Concesionaria Vial Montes de María formuló una demanda ante el Tribunal de arbitramento para hacer nula la resolución.

Aún así,  Sacyr está obligada a cumplir con el contrato e iniciar obras. Según explicó Luis Fernando Andrade, presidente de la ANI, “tienen la oportunidad de ponerse al día y cumplir, de no hacerlo, se procedería a las multas y al proceso de caducidad.  Vamos a abrir el proceso de caducidad la semana entrante”.

Para el penalista, Iván Cancino, el hecho de que el Estado se deje imponer tribunales de arbitramento, en vez de optar por demandas civiles o comerciales es un problema, pues suelen “favorecer al extranjero o si fallan a favor del Estado, es muy difícil que las empresas paguen”. El experto dijo que otro error en el que está incurriendo el Estado es dar por hecho que las empresas europeas con presencia en Latinoamérica son sólidas y serias.

Según informó la ANI, hay un atraso de nueve meses frente a la fecha de inicio que se había planteado en el cronograma. Además, se adelanta un proceso sancionatorio por cinco incumplimientos al contrato, lo que equivale a cinco multas que suman $11.000 millones. La concesionaria impugnó la decisión.

Antecedentes en colombia 

Este no es el primer lío que tiene la española en Colombia. En 1997, la empresa quedó al frente del consorcio Commsa para construir la troncal del Magdalena Medio, Tobiagrande- Puerto Salgar, una autopista de 600 metros de longitud que nunca completó la firma.

En vista de eso, estuvo 10 años enfrentándose al Estado colombiano en tribunales de arbitramento, hasta que en 2007 se vio obligado a pagar US$77 millones al Instituto Nacional de Vías por no haber finalizado la obra. 

Jaime Lombana fue el abogado que representó al Estado en ese caso, y explicó que se está repitiendo la historia de Commsa, cuando se llevó a cabo un proceso por peculado y falsedad. 

“En el caso de Commsa, ellos presentaron una póliza falsa, cambiaron los diseños de la obra, dijeron que no podrían realizar los túneles, todo esto argumentando riesgos geológicos, que es lo mismo que están haciendo ahora, diciendo que el terreno es demasiado arenoso”, aseguró el experto.

A este suceso se suma que  Sacyr también incumplió con un contrato que ganó en 1998, para rehabilitar las líneas férreas del Pacífico. La firma lideró la Sociedad Futura Concesionaria de la Red Férrea del Pacífico, la cual nunca realizó la obra que le fue adjudicada. 

Para José Acosta, vocero de  Justicia Tributaria, este escándalo está a la altura del caso Odebrecht, y declaró que las batallas legales son “el segundo round de todas estas empresas, que asumen que por haber sido adjudicatarias tienen derechos adquiridos y pueden cobrar a la nación por definir la caducidad, a pesar de haberse demostrado actos de corrupción”.

Chile y Panamá también han tenido problemas

Las obras de ampliación del Canal de Panamá, a cargo de Sacyr, también fueron un dolor de cabeza para las autoridades. En 2009, el Grupo Unidos por el Canal ganó este proyecto, y tres años más tarde, empezaron los problemas, que hasta ahora han generado reclamaciones de la firma por más de US$6.400 millones a las autoridades panameñas. En Chile también se han presentado líos como el desborde del Río Mapocho, en Santiago, el cual pudo haber sido provocado por negligencia de la empresa.

Las opiniones

Luis Fernando Andrade
Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura
“Sacyr está haciendo el mantenimiento de la vía y prestando servicios de emergencia, pero las obras que debían arrancar hace nueve  meses no se han hecho por la controversia”.

Iván Cancino
Abogado penalista
“Un error que se comete mucho en Colombia es pensar que todas las empresas europeas con presencia en Latinoamérica son sólidas y serias”.