lunes, 25 de julio de 2016
No hay duda respecto a que esta situación prende las alarmas sobre los criterios y estándares aplicados por el Ministerio de Educación cuando convalida títulos obtenidos en el exterior, más cuando se trata de la homologación de títulos en profesiones que tienen un directo impacto en la vida y honra de los ciudadanos.
Sin embargo, la responsabilidad en este asunto no es exclusiva del Ministerio de Educación, pues si bien la homologación de títulos es de su resorte, la reglamentación de este tipo de actividad, así como la vigilancia y certificación de los profesionales que realizan estos procedimientos es un aspecto que compete a otra cartera, como el Ministerio de Salud ya que esto es, sin lugar a dudas, un problema de salud pública.
Pero más allá de la responsabilidad que recaería sobre la administración, no deja de llamar la atención la inactividad legislativa en esta materia. Desde 2001 se han presentado seis proyectos de Ley para reglamentar el ejercicio de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.
Desafortunadamente, las diversas iniciativas legislativas que van desde la reglamentación del ejercicio médico hasta la prohibición de realizar procedimientos estéticos a menores de edad junto a su respectiva sanción penal, pasando por la reglamentación de los insumos y materiales empleados por los cirujanos no han llegado a feliz término.
Varios de estos proyectos han resultado archivados y otro tanto ha sido retirado por sus mismos autores, como ocurrió con la primera iniciativa punitiva que fue promovida y retirada por la exrepresentante a la Cámara por Bogotá, Lucero Cortes.
Es claro que los Tribunales de Ética Médica deben tomar cartas en el asunto, el juramento hipocrático no puede ser solo un rito que se cumple en las ceremonias de graduación de los médicos; pero también es claro que el Estado, a través de sus diferentes organismos debe actuar y garantizar a todos los ciudadanos su derecho a la vida, tal como lo ordena la Constitución.
Las desafortunadas declaraciones de la Ministra, que han sido interpretadas como una argucia legal para evitar futuras demandas por haber convalidado títulos como si fueran de especialización, tanto de las víctimas como de sus victimarios, desconocen que la responsabilidad es compartida y que de una u otra manera, el Estado les falló a sus ciudadanos.
Las demandas vendrán, sin duda, el punto está en encontrar la forma que jurídicamente permita que las convalidaciones de estos títulos no necesariamente revocadas, sino que tengan el valor y reconocimiento que merecen como cursos o diplomados, que no especializaciones y que se reglamente sin mayores dilaciones la actividad médica, de modo que los requisitos para el ejercicio de ciertas especialidades sea necesario acreditar no sólo un título sino la certificación del Hospital en el cual el cirujano haya realizado su residencia, y la constancia de aprobación de la misma.
