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martes, 27 de septiembre de 2016

A pesar de que a la fecha de la redacción de esta columna no existe un proyecto de normatividad en firme, del escrito de la URF se puede avizorar que la regulación patria del crowfunding financiero tendrá los siguientes ejes temáticos, merecedores sin dudas de un análisis mucho más profundo por parte de las comunidades jurídica y financiera:

i. Definición del crowfunding financiero:se va a delimitar como una actividad que implica la canalización masiva y habitual de recursos del público en general a la financiación remunerada de proyectos o negocios.

ii. Cualificación especial de las entidades dedicadas al crowfunding:serán entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo objeto social especial consistirá en analizar y clasificar de manera profesional el riesgo crediticio;  promocionar los proyectos susceptibles de financiación; y  proveer la infraestructura y los servicios necesarios para adelantar la actividad de intermediación de los recursos. 

Naturalmente, estos entes estarán sometidos a requerimientos mínimos de capital, así como a las consabidas restricciones de idoneidad en cuanto a las personas que podrán ser sus accionistas y/o administradores.

iii. Creación de un esquema de prohibiciones y deberes específicos: dado su papel especialísimo en la actividad de intermediación financiera, es previsible que los prestadores de servicios de crowfunding no puedan administrar recursos del público, asesorar activamente a los potenciales prestamistas y emisores y tomar posición propia en las operaciones de crédito. 

Por el contrario, deberán hacer una revelación neutral, veraz y completa de los riesgos propios de cada operación, adoptar un modelo transparente de gobierno corporativo, implementar estándares de evaluación del riesgo de los proyectos y poner en marcha sistemas de administración del riesgo operativo y de lavado de activos y financiación del terrorismo. 

A la espera de la presentación de este anhelado proyecto de normatividad, aprovechamos esta tribuna para exaltar el encomiable y oportuno esfuerzo de la URF y hacer un llamado al empresariado para empezar a explorar esta alternativa que, según los datos más conservadores, ya aglutina a nivel global una cartera de US$34.400 millones.