sábado, 16 de mayo de 2015
Esta práctica o actividad es conocida en muchos países como el ‘lobby’ o ‘lobbismo’, la cual es completamente legítima, siempre y cuando se realice con total transparencia y honestidad.
A pesar de ser una práctica común, son muy pocas las legislaciones que han logrado reglamentar esta actividad en aras de controlar por esta vía actos de corrupción.
Se pueden citar como ejemplo los casos de Estados Unidos de América, la Unión Europea y recientemente Chile, en donde existen unas reglas y limitaciones muy concretas para aquellas personas que se dedican profesionalmente a hacer ‘lobby’.
Este tipo de normativas por lo general establecen que toda persona que pretenda hacer ‘lobby’ de forma legal debe estar registrada ante la autoridad designada, con el fin de saber a quién representa, las materias o decisiones sobre las que pretende incidir, si cumple con el código de ética establecido para esta actividad, y la forma cómo deben concertar y desarrollar sus citas, reuniones o audiencias.
Colombia no es ajena a esta práctica a pesar que no tiene una regulación, pues es muy común ver personas dedicadas al ‘lobby’ por los pasillos del Congreso o de las entidades públicas. Sin embargo, ¿hasta qué punto este tipo de normativa realmente contribuye en la disminución de cuotas burocráticas y niveles de corrupción al interior de las ramas del poder público?
Es claro que la regulación genera mayor transparencia, pues le permite al ciudadano hacerle un seguimiento a la agenda de los funcionarios o congresistas, con el fin de determinar con quiénes ha sostenido reuniones y la forma cómo estos votan o deciden en determinados asuntos.
De tal forma que, si de ese seguimiento se evidencia que hay alguna actuación deshonrosa, el electorado o las autoridades competentes puedan intervenir y juzgar dicha actuación.
Ahora, es importante aclarar que esta normativa, si bien genera mayor transparencia, no significa que los niveles de corrupción desaparezcan, pues a pesar de existir unas reglas, obligaciones, limites y restricciones legales a esta actividad, no dejará de existir la fuerte influencia y presión que puedan llegar a ejercer ciertos grupos de poder, al punto de contratar los mejores y más osados ‘lobbistas’ para lograr sus objetivos.
Es claro que este tipo de regulaciones aminora los índices de corrupción, pues permite diferenciar entre una actividad lícita y el tráfico de influencias, dado que esta última supone persuadir a un funcionario o autoridad de forma ilegal, mediante dádivas o favores políticos. El ‘lobby’ jamás implica dar regalos o hacer trueques políticos, en tanto que la legalidad de esta actividad se funda en convencer a la otra parte a través de la simple argumentación.
Por lo tanto, en la medida en que en exista una normativa sobre la materia con reglas claras y precisas, podrá garantizarse una transparencia en la toma de decisiones administrativas y legislativas, mayor participación ciudadana e igualdad de acceso antes las instituciones públicas.
