miércoles, 12 de abril de 2017
Este terrible crimen, que fue objeto del repudio de todos los colombianos, tiene que llevarnos a reflexiones más profundas sobre la situación de vulnerabilidad de los niños y sobre cómo debería ser la protección de sus derechos. El interés del derecho por proteger a los menores de edad ha venido en aumento, especialmente, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1989, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
De esta manera, se reconoce que el menor de edad, además de ser un sujeto de derechos, es también un sujeto de especial protección. Sin embargo, en la práctica, no se dan las condiciones necesarias para que se respeten las garantías ofrecidas por la legislación a los niños, que por su condición, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, es decir, están en un estado de desventaja para hacer exigible la protección de sus derechos.
Algunos factores nocivos a los que se encuentra expuesto un porcentaje considerable de niños colombianos y que son la causa de la violación de sus derechos son, entre otros, la pobreza que incrementa el número de menores sin hogar, la educación que se deja como una cuestión secundaria cuando tienen que salir a trabajar para ayudar en las necesidades de sus familias, la explotación sexual en la que se ven forzados a ejercer la prostitución, el matrimonio precoz de niñas que tienen que enfrentarse a una realidad que no comprenden y para la que no están preparadas, la participación en conflictos armados que los convierte en víctimas de la crueldad propia de la guerra y, la violencia que se ejerce, muchas veces, en el hogar, en la escuela y en las calles.
Ante este panorama, surgen las siguientes preguntas ¿qué hacer frente a estos escenarios que viven tantos niños colombianos?, ¿la responsabilidad de la protección y cuidado de los menores recae exclusivamente en el Estado?, ¿cuál es el compromiso de la sociedad en esta cuestión?
Podría responderse, en primer lugar, que toda la responsabilidad no puede ser atribuida exclusivamente al Estado, pues el conjunto de la sociedad también tiene culpa en los abusos cometidos hacia los menores de edad. Ser parte de una comunidad, vivir en sociedad, implica el ejercicio de una serie de principios y valores en los que sobresale el de la solidaridad, el interesarse por el otro.
Es imposible que no haya ningún ciudadano que advierta las actuaciones que atropellan la integridad de los niños. Ser testigo de conductas que maltratan la dignidad de los menores y no denunciarlas, hace que todas las normas jurídicas que existen para protegerlos sean inoperantes, ineficaces, insuficientes.
Que los mecanismos judiciales se activen para garantizar los derechos de los niños, depende, en gran medida, de la colaboración de toda la sociedad para denunciar. Esta problemática constituye una llamada urgente a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad ante el maltrato de los niños, a preguntarnos si estamos actuando con solidaridad o con indiferencia hacia los más débiles, hacia quienes, paradójicamente, serán los futuros ciudadanos que regirán los destinos de nuestra nación.
