.
ANALISTAS

Recargando inequidad

martes, 7 de mayo de 2013
La República Más
  • Agregue a sus temas de interés

La exitosa masificación de la telefonía móvil en Colombia se ha dado gracias al servicio prepago. En efecto, más del 90% de los usuarios en estratos 1 y 2 se encuentran bajo esta modalidad. Es un hecho que cerca de uno de cada tres colombianos no consume la totalidad de los saldos que carga en prepago. La CRC expidió una resolución que obliga a ampliar la vigencia de las recargas móviles al menos a 60 días, independientemente del monto de la recarga. Con esto, tal como se vendió a la opinión pública, se pone fin al presunto abuso de los operadores que se apropian de los saldos no consumidos en prepago, protegiendo así a los más pobres. Este suceso me hace recordar a un famoso profesor, autor de uno de los libros de microeconomía avanzada más vendidos en el mundo, que advertía sobre cómo algunas medidas regulatorias que buscan favorecer al consumidor pueden muchas veces perjudicarlo cuando se trata de cierto tipo de estructuras de mercado. La iniciativa de la CRC, aunque bienintencionada, requiere algunos ajustes para que no termine volviéndose en contra de quienes pretende beneficiar. 

 
Lo primero que cabe mencionar es que el no consumo de la totalidad de los minutos no es, ni mucho menos, una característica atípica de este mercado. Existen bienes en la economía que revisten bienestar a sus compradores por motivos diferentes a la utilización. Los más comunes son aquellos que se asocian al motivo de precaución, como los seguros e incluso la demanda misma de dinero, que muchas veces se da por una razón distinta a la transacción. En estos casos, el concepto de consumo se asocia también a la disponibilidad y no solamente al uso. Algo similar ocurre con la demanda de minutos móviles entre las personas de bajos ingresos. Buena parte de esta población prefiere realizar las llamadas desde la calle, sacando provecho de las mejores tarifas que encuentran frente a su plan prepago. Sin embargo, estas personas valoran tener carga en su celular, por si ocurre alguna eventualidad de consumo.
 
Colombia ha dado grandes avances en permitir que las personas de menores ingresos puedan satisfacer esta sana demanda precautelativa de telefonía móvil. En efecto, cerca del 40% de las recargas son entre $1.000 y $3.000, y más del 70% son de valores inferiores a los $10.000. Este desarrollo de las microrecargas no ha sido producto de la regulación, sino de la dinámica misma del mercado que se ha movido hacia soluciones más incluyentes. La evidencia internacional muestra que existe una relación positiva entre la vigencia de las recargas y el monto mínimo de las mismas. Esto es, en aquellos países donde se imponen vigencias mínimas, el valor de la recarga es más grande, creciente con la duración de la vigencia. Tal como cabe esperar en un mercado donde los costos transaccionales son altos, los operadores protegen su margen acomodando su oferta a la regulación. Dado que nadie puede obligar a las empresas a perder dinero, la imposición de vigencias mínimas muy extensas aniquila el incluyente mercado de microrecargas. Adicionalmente, parte del impacto sobre los márgenes de los operadores se transferirá, vía tarifa, al usuario. Con esto, se presentaría un encarecimiento del servicio prepago que, dada la mayor elasticidad en los segmentos de pocos ingresos, terminaría ampliando brechas de consumo entre estratos y las urbano-rurales. En mi opinión, la noble medida de la CRC debe tener en cuenta la filigrana de las distintas tipologías de consumidores. Sin duda, debe mejorarse la comunicación de los planes y brindarse toda la información para no inducir a los consumidores al error, pero satisfecho este paso, debe procurarse la no destrucción de las conquistas a las que ha llegado el mercado de manera autónoma. Ojalá se excluyan las microrecargas de esta medida regulatoria, para garantizar así su existencia en favor de las personas más pobres.  

Conozca los beneficios exclusivos para
nuestros suscriptores

ACCEDA YA SUSCRÍBASE YA