• Natalia Arteaga

lunes, 1 de septiembre de 2014

Hoy la Comisión Primera del Senado de la República debatirá sobre la situación penitenciaria en Colombia y los avances que se han dado en la materia desde la entrada en vigencia, hace siete meses, de la Ley 1709 de 2014.

A los retos frente a los problemas de hacinamiento, salud y educación que son una realidad en las cárceles del país, empieza a sonar un nuevo desafío de seguridad al que se le podría medir el Gobierno con la propuesta para bloquear el wifi y las redes celulares en 138 establecimientos para condenados que hay actualmente en el territorio nacional.

La implementación requeriría de una inversión de US$8 millones y la propuesta, según Diego Velasco Cabrera, gerente general de Global Circuit, la harán a la administración de Juan Manuel Santos antes de que termine 2014.

La compañía local está buscando aliados privados para concretar el proyecto.

El experto no está improvisando con el asunto y traerá a ‘colación’ la experiencia que está viviendo en Perú, donde se acaban de ganar una licitación (el pasado 30 de junio) para bloquear las señales a los celulares en 33 centros penitenciarios que albergan actualmente 70.000 internos, es decir, 90% de la población penitenciaria de ese lugar, según estudios realizados por el consorcio Prisontec. Dicho consorcio está conformado por Global Circuit Perú, Teleservicios y la firma de Velasco, Global Circuit, que es el socio estratégico encargado de toda la tecnología del proyecto. La firma colombiana tiene una participación de 47,5% del total.

De acuerdo con el experto el bloqueo de dichas redes pretende disminuir las extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos vigentes en las penitenciarias. Según datos de la Policía de Criminalística del Perú, 95% de las llamadas para realizar extorsiones sale de las prisiones.

En Lurigancho (la cárcel más grande de Perú), se estima que habían 3.000 chips de celulares entre 7.000 internos.

¿Cuánto costó el proyecto en el país gobernado por Ollanta Humala? Explica el gerente general de Global Circuit, que el gobierno no desembolsó ni un solo peso y que a cambio les concedió la exclusividad del sistema telefónico de las cárceles por 25 años, con lo que pretenden recuperar la inversión de US$4,7 millones. “Además de la seguridad hay otros beneficios para los reos y es que tendrán una reducción de 50% en la tarifa que pagan actualmente por las llamadas telefónicas a sus familias y demás. Antes, el precio por minuto de la llamada a teléfonos fijos era de US$0,06, ahora quedará en US$0,03. Para celulares antes pagaban US$0,15 ahora pagarán us$0,07”.

El documento presentado por Prisontec, señala que los reclusos peruanos hicieron llamadas por US$14 millones en 2013, si el comportamiento se mantiene el consorcio recuperaría la inversión antes de que termine 2015.

Dice Velasco que en las cárceles Latinoamericanas se ha detectado otra dificultad que impide avanzar en materia de seguridad y es que “los mismos guardas empiezan a vender minutos de celulares a costos muy elevados, este tipo de prácticas también llegarían a su fin”. A la guardia penitenciaria también se refirió Otoniel Camargo, abogado penalista y quien se desempeñó como defensor público en la Penitenciaria Nacional de Combita, para decir que ahí está el mayor foco de corrupción que se vive en las cárceles locales. Aunque Camargo cree que técnicamente el proyecto será muy útil, también tiene sus reservas, porque según él, impedirá ir al fondo del asunto que está en los funcionarios.

Desde hace dos meses que Prisontec ganó el concurso público para instalar bloqueadores de teléfonos celulares y wifi, se ha desarrollado el sistema en una cárcel y a diciembre de 2015 esperan haberlo instalado en los 32 centros penitenciarios restantes de Perú.

Radiografía nacional
De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia hay 120.623 personas privadas de la libertad dentro de 138 centros penitenciarios que le cuestan a la Nación $1,5 billones al año, es decir por cada uno de los reclusos se pagan $13,1 millones cada 12 meses.

Entre los retos que tiene el Gobierno con el nuevo Código Penitenciario están: el hacinamiento que alcanza una elevada cifra, 53%, la falta de trato diferenciado, los problemas de salud, educación, la suspensión de la condena por penas menores a cuatro años, beneficios de libertad condicional a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la condena y otros.

Las opiniones

Diego velásco Cabrera
Gerente general de global circuit
“Además del incremento de la seguridad en las cárceles hay otros beneficios para los presos y es que tendrán una reducción de 50% en la tarifa que pagan actualmente por las llamadas telefónicas a sus familias y demás”.

Otoniel Camargo
Abogado Penalista
“Técnicamente el proyecto sería muy útil, pero tengo algunas reservas frente a su implementación en Colombia porque impedirá ir al fondo del asunto que está en la corrupción de los guardias en las cárceles locales”.