viernes, 24 de febrero de 2017
Dentro de los nuevos implicados en el caso se encuentran Daniel García Arizabaleta, director del Invías para la época; Gabriel García Morales, viceministro de Transporte y gerente (e) del Inco; Juan Manuel Barraza, director de la Comisión Nacional de Regalías; y Miguel Peñaloza, Alto Consejero para las Regiones; por, supuestamente, extorsionar a contratistas interesados en participar en la obra.
Según Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías Ciudadanas, lo que hizo el procurador Carrillo fue “invalidar la decisión en cuanto a que no hubo ninguna irregularidad y abrir un nuevo proceso disciplinario”, pero aclaró que no todo el proceso se va a revocar, pues “las pruebas que se han practicado válidamente siguen siendo parte de la nueva investigación”.
Según informó la Procuraduría, para investigar las omisiones en el trámite de esta actuación, “se compulsan copias a la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios y a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.
Además, la entidad anunció que la Comisión Especial Disciplinaria para el caso Odebrecht, conformada por la misma Procuraduría, “buscará establecer si hubo presiones indebidas a los contratistas y en qué momento fueron hechas”.
De encontrarse que las presiones de estos funcionarios existieron, Bustos resaltó que podrían enfrentar varias sanciones en lo disciplinario, como la imposibilidad de vincularse o contratar con el Estado, pero “lo más importante”, dice el director, es “establecer una responsabilidad para abrir investigaciones de orden penal”, que podrían acarrear sanciones más duras.
Esto, pese a que el exviceministro García Morales ya se encuentra detenido por la autoridades en la cárcel La Picota, acusado de cohecho, interés en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito, ya que, según las autoridades, recibió sobornos por US$6,1 millones para que la firma Odebrecht se quedara con el contrato en cuestión.
Sobre este caso, Eduardo Sarmiento, profesor de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, le comentó a AL que “la discusión no se ha hecho adecuadamente, pues no está claro en qué condiciones se adjudicaron esos proyectos ya que, seguramente, si hubo sobornos, dieron ese contrato con un valor mucho más elevado”.
Cabe recordar que el pasado miércoles la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que llegó a un acuerdo con el consorcio Ruta del Sol S.A.S., en el cual se terminará el contrato de concesión del Sector 2 del proyecto.
La opinión
Pablo Bustos
Director de la Red de Veedurías Ciudadanas
“Lo que hizo el procurador Fernando Carrillo con esta medida fue invalidar la decisión en cuanto a que no hubo ninguna irregularidad, y abrir así un nuevo proceso disciplinario contra estos funcionarios”.
Eduardo Sarmiento
Profesor Escuela de Ingeniería Julio Garavito
“La discusión no se ha hecho adecuadamente, pues no está claro en qué condiciones se adjudicaron esos proyectos, ya que si hubo soborno, seguramente dieron ese contrato con un valor más elevado”.
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