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Tal y como lo hiciera el pasado 5 de febrero, el Procurador presentó un oficio al ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, en el que solicita analizar a profundidad la pertinencia de emprender una reforma inmediata.
“Cabe señalar que no obstante haberse adelantado varios esfuerzos normativos en materia de trabajo digno y decente, el país afronta problemas complejos como la informalidad y la evasión de aportes al Sistema de Seguridad Social. Preocupa en este sentido a la Procuraduría la baja cobertura pensional producto del desempleo, el subempleo, las formas atípicas de vinculación laboral y la desregulación del mercado de trabajo, entre otros factores”, señaló de manera oficial la entidad.
El Ministerio Público advierte nuevamente que de acuerdo con las recomendaciones de Asofondos y de la Ocde, la reforma pensional estaría encaminada a realizar cambios estructurales al aumentar aún más los requisitos de edad y semanas de cotización, equiparar el Régimen de Prima Media (RPM) con el de Ahorro Individual y disminuir las pensiones de salario mínimo, entre otros aspectos.
Frente a los planteamientos de algunos sectores económicos que han culpado por la crisis financiera a los jubilados del Régimen de Prima Media, y que han asegurado que las pensiones hacen parte de la economía de mercado -por lo que serían solo un ahorro y no un derecho-, la Procuraduría señaló que en el país no hay más de 1.400.000 pensionados del RPM y que el 80% de ellos devenga una pensión entre 1 y 2 salarios mínimos.
De acuerdo con la Procuraduría, lo que está ocasionando un gran detrimento patrimonial “es la ineficiencia administrativa para decidir en tiempo y en derecho las solicitudes pensionales”.
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