miércoles, 23 de abril de 2014
Ordóñez dijo que argumentará que la jurisprudencia ha ratificado que él sí tiene competencia para sancionar a funcionarios de elección popular y estimó que el presidente Santos tenía que cumplir con la orden del Tribunal.
“Los abogados de la Procuraduría trabajan en una tesis jurídica muy reiterada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Judicatura respecto de las competencias que nuestra Constitución confiere a la Procuraduría para ejercer el control disciplinario a los funcionarios elegidos popularmente”, señaló.
Este tema de las facultades del ministerio público ha sido ratificado en, al menos, 40 tutelas que se han presentado a lo largo del denominado caso Petro.
Hay que recordar que Gustavo Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, tras las irregularidades que encontraron en el esquema de basuras implementado a finales del 2012 por la administración distrital.
Evalúan elecciones
Alfonso Portela, registrador delegado, afirmó que la Registraduría revisará el fallo del Tribunal Superior de Bogotá para definir si se reanuda o no el proceso de revocatoria de Petro, tras su restitución en el cargo.
“Vamos a estudiar los contenidos para evaluar si estamos frente a una decisión de revocatoria de mandato”, aseguró Portela. Si se retoma este proceso empezaría nuevamente la logística que se tenía preparada para el 6 de abril y que se detuvo por la ratificación de la destitución por parte del Presidente de la República.
El presupuesto de $35.000 millones destinado para este fin nunca fue ejecutado y sería utilizado en este procedimiento si así se define. Igualmente, señaló que aún se tiene registro de los jurados que ya habían sido convocados anteriormente.
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