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Analistas 02/06/2015

Privatizaciones, eficiencia e infraestructura pública

Sergio Clavijo
Prof. de la Universidad de los Andes
La República Más
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La historia de las privatizaciones de empresas públicas en Colombia ha sido algo turbulenta. Esta batalla contra la corrupción y la desidia Estatal tuvo uno de sus episodios más sonados durante la primera mitad de los años noventa, cuando el famoso “apagón” de 1992 no le dejó otra alternativa a la Administración Gaviria (1990-1994) que luchar contra los “caciques del Congreso” que se habían apropiado y saqueado el sector.  

No obstante, la distribución de energía (ISA) y algunas generadoras claves (Isagen) siguieron con mayoría de inversión pública. En estos casos, los problemas de ineficaz administración pública se fueron superando gracias al nuevo marco regulatorio provisto por la Creg como ente autónomo, resultante de la Constitución de 1991.

En una segunda oleada se lograron acabar ineficientes monopolios públicos en telecomunicaciones (Telecom), puertos (Colpuertos) y petróleos (creando la ANH y permitiendo la participación de accionistas privados hasta en un 12% en Ecopetrol).

Sin embargo, concretar ahora la enajenación adicional de Ecopetrol (otro 10% para dejar un 22% en manos privadas) o la totalidad de Isagen (vendiendo el 58% publico remanente) ha resultado mucho más problemático de lo imaginado.  A este respecto, cabe recordar que Anif había insistido sobre la importancia de sustituir activos públicos (en su mayoría energéticos) por activos de infraestructura.  

Todo ello con miras a mejorar la competitividad del sector privado mediante la dotación de bienes públicos de infraestructura que el sector privado no está en capacidad de proveer en su totalidad. Se trata de sustituir “activos energéticos” por “activos de infraestructura pública” con el fin de propulsar la productividad del país; esto bajo el entendido de que para “obras extraordinarias” se requieren “recursos extraordinarios”. 

Más aún, el gobierno, en 2013, presentó un plan de enajenaciones al Congreso por valor de unos $83 billones (equivalentes a 12% del PIB de 2013). Sin embargo, era bien sabido que se trataba de una simple “lista” de todas las propiedades públicas susceptibles de privatizarse, pero en realidad el “verdadero” potencial de privatizaciones ascendía al 5,2% del PIB, donde una de las piezas claves remanentes tenía que ver con Isagen.

Lo más importante de la venta de Isagen es que los esperados $5,2 billones irán a asegurar la aplicación de esos recursos a obras de infraestructura del plan 4G. 

Para ello se ha creado el llamado Fondo de Desarrollo Nacional (Fondes), el cual permitirá apalancar las actividades de la recién creada Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), capitalizada por la CAF, IFC y BID con inyecciones de recursos por US$150 millones. La idea es que dicho Fondes estará proveyendo créditos a largo plazo por unos $2 billones para la segunda y tercera ola de inversiones de las concesiones 4G.

La mala noticia es que ahora todo este proceso se ha visto empañado por el típico “santanderismo-jurídico”, donde recientemente el Consejo de Estado aceptó demandas que aducen supuestos riesgos de “detrimento patrimonial”.  Lo que debe quedarle claro al estamento jurídico es que de ninguna manera se estarán desamparando los servicios de energía eléctrica del país y, de hecho, con mayores inversiones del sector privado hasta podrían mejorarse y así abaratar los servicios de energía prestados al consumidor final. 

En cambio, si no se completa el financiamiento público de las 4G a través de la FDN y de la venta de Isagen, entonces Colombia sí que enfrentará dificultades para volverse más competitiva. 

En concreto, sería muy difícil  lograr que el agro y la industria se revitalicen en ausencia de dicha infraestructura; solo de esta manera se podría generar el empleo y los ingresos que la actual destorcida del sector minero-energético será incapaz de proveer durante buena parte de lo que resta de la década en 2015-2020. 

¡Esa negativa a la venta de Isagen sí que sería un gran detrimento socio-económico por parte de las Altas Cortes!
 

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