lunes, 15 de septiembre de 2014
El presupuesto general de la Nación para 2015, fue aprobado hace días por el Congreso de la República y quedó en $216 billones. De ese monto, $3,3 billones le corresponderían a la Rama Judicial y aunque la cifra parecería importante a simple vista, los expertos ya empiezan a asegurar que es insuficiente.
Para Luis Frediur Tovar, constitucionalista de la Universidad Javeriana, el presupuesto es importante pero solo impactará al sector si el plan de ejecución le está apuntando a la inversión.
Explica Tovar que ese dinero es redistribuido en tres frentes: funcionamiento, servicio de la deuda e inversión. El primero, de acuerdo con el experto, hace referencia al pago de los empleados de la Rama, que acoge desde el puesto más sencillo, hasta a los 216 magistrados que hay en el país. De acuerdo con el portal de la Rama Judicial del Poder Público, entre la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, hay 76 funcionarios y 140 más en despachos de todo el país.
El servicio de la deuda, según Tovar, comprende prestamos y demás deudas públicas que tenga el sistema, mientras la inversión tiene que ver con la ampliación de la operación de la Rama (nuevos juzgados y tribunales).
“Si un buen porcentaje de esos $3,3 billones se destina a inversión y se emplean en cobertura, capacitación y nuevas salas de oralidad, todo va por buen camino, si por el contrario se queda en funcionamiento, que por lo general es lo que sucede, no habrán mayores soluciones a problemas sistemáticos y de congestión que hay en este momento”, indicó Tovar.
En la afirmación de Tovar coincide su colega Carlos Andrés Echeverry, docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana, quien considera que el presupuesto asignado a la Rama Judicial es insuficiente. “La plata para atender todas las controversias que se dirimen en la jurisdicción contenciosa es muy poca”.
Echeverry explica que existe una necesidad inaplazable de crear más juzgados y tribunales en Colombia, para que de esta manera la justicia se empiece a mover con más eficiencia, ya que los retrasos que existen en la actualidad impiden que se proteja el efectivo acceso a la administración de justicia.
¿Puede vencer algún proceso que se le adelante a un miembro de la Rama porque no se atendió a tiempo? Según el docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana , no. “Después de que se admita una demanda contra un funcionario, la acción no puede caducar aunque pasen entre ocho y 10 años. El problema ahí es la demora que le pone el pie a la efectividad”.
Lo más grave, de acuerdo con Echeverry, no está en la necesidad de crear nuevos juzgados, sino en que se han empezado a desmontar algunos de Descongestión, por falta de recursos.
“Desde hace unos cuatro años la política de descongestión empezó a moverse mucho con la creación de estos juzgados especiales y eso funcionó mucho, pero vamos para atrás con el desmonte de esas organizaciones”.
Fiscalía, De LAS DEMANDADAS
La Fiscalía General de la Nación, a la que le tocó una tajada de $3,1 billones, se posiciona en el quinto lugar entre las entidades más demandadas, según la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado.
A la fecha, la organización liderada por Eduardo Montealegre tiene 20.819 procesos legales vigentes.
De acuerdo con Francisco José Sintura, Ex vicefiscal, la Fiscalía está entre las que más acumula estos pendientes legales debido a “las frecuentes fallas en el servicio de justicia por allanamientos indebidos o por las irregularidades en las pensiones de exfuncionarios. Esto no es de la actual administración, son años con el mismo inconveniente”.
Las Opiniones
Luis Frediur Tovar
Abogado experto en Constitucionalde la universidad Javeriana
“Si un buen porcentaje de esos $3,3 billones se destina a inversión y se emplean en cobertura, capacitación y nuevas salas de oralidad, todo va por buen camino, si por el contrario se queda en funcionamiento, no habrá mayores avances en la Rama”.
Carlos Andrés Echeverry
Docente de derecho constitucional de la Universidad Javeriana
“Desde hace unos cuatro años la política de descongestión empezó a moverse mucho con la creación de juzgados especiales para atender estos temas y eso funcionó mucho, pero vamos para atrás con el desmonte de esas organizaciones”.
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