• Natalia Cubillos Murcia

lunes, 8 de febrero de 2016

El inicio de investigación  pone en juego más de $206.836 millones en sanciones a las empresas (el puerto y la minera) y más de $17.000 millones a los funcionarios y exfuncionarios involucrados; es decir las sanciones máximas de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv) por cada una de las infracciones, que serían obstrucción  y discriminación,  y 2.000 (Smlmv) para cada persona involucrada.

Si bien los puertos son definidos como monopolios naturales, la apertura de cargos se da por la sospecha de que pese a que la concesión del Puerto Nuevo es para uso público, Prodeco la emplea de manera exclusiva y además de eso habría sido un obstáculo para que otros competidores del mercado usaran esta terminal,  por sus políticas de acceso discriminatorias frente otros agentes, en precios y requisitos.

Prodeco es dueña de 94,9% del proyecto y Carbones de la Jagua S.A., Consorcio Minero Unido S.A. Carbones el Tesoro S.A., cuentan cada una con 1,7% de la participación accionaria. 

Puerto Nuevo  habría abusado de su dominancia, dice la SIC, lo que en últimas favorece el usufructo de Prodeco en detrimento de posibles competidores y exportadores del mineral.  

En Ciénaga es el único puerto público y, al menos, dos jugadores del mercado no pudieron utilizar las instalaciones de la compañía: CNR y Sloane Investments Corporations. La respuesta dada por el Puerto fue que aún no tenían claras las políticas de acceso que debían ser concertadas con el gobierno de turno, aún cuando ya estaba en funcionamiento la terminal marítima.

Los involucrados en este tema, de acuerdo con la resolución 5832 de la SIC, no solo son funcionarios de Puerto Nuevo, sino de Prodeco. Como gerente del Puerto y su representante legal suplente está Darren Keight Thomson, quién además era gerente de la cadena de carbón de Prodeco; así como Abraham Smit, representante legal de la plataforma logística y vicepresidente financiero de Prodeco, y Bernardo Andrés Ávila, funcionario de Prodeco y miembro principal de la junta directiva del Puerto, además de otros siete funcionarios de ambas sociedades.  Pero no solo eso, en un correo encontrado por el equipo del superintendente delegado para la Protección a la Competencia, Jorge Enrique Sánchez, se demuestra que desde el momento del otorgamiento de la concesión Prodeco manifestó que su construcción fue pensada de manera exclusiva para el uso de la compañía y no como se había establecido como parte del uso logístico para esta y las demás empresas que necesitaran comercializar el producto por Ciénaga, Magdalena. 

En un correo electrónico, Ávila aseguró que “la realidad es que Pnsa (el Puerto) se construyó teniendo en cuenta únicamente las reservas del Grupo Prodeco/La Jagua”. Y agregó “el modelo de valoración económica del negocio incluye la totalidad del costo de capital en efectivo de la construcción del puerto y la recuperación del mismo durante la vida restante de las dos minas. La intención nunca fue construir un puerto con capacidad de sobra para terceros”. Una versión distinta a la tiene la SIC, puesto que según la entidad, los contratos de concesión no solo tenían compromiso de inversión, sino también de capacidad instalada, que en principio sería de transportar 30 millones de toneladas anuales y al final debería estar transportando 60 millones de toneladas al año.

En la página web del Puerto se logró recuperar una información en la que se plantea una capacidad de 23,7 millones de toneladas disponibles por año “lo cual da lugar a una capacidad disponible de aproximadamente 2,3 millones de toneladas por año para usuario dispuesto a exportar un carbón con características homogéneas”.

Y la información que tiene la Agencia Nacional de Infraestructura  (ANI) es que el contrato finalmente quedó por 21,4 millones, lo que sería la suma exacta de lo demandado por sus accionistas, es decir Prodeco.  El exsuperintendente de Puertos y Transporte, Juan Miguel Durán, recordó que “antes de que entrara en funcionamiento el Puerto se tuvieron múltiples reuniones entre la Superintendencia y el gerente en las cuales exigimos que en el manual operativo se establecieran todas las garantías para el acceso libre a terceros”.

El proceso, que aún comienza, despierta suspicacias sobre la posición de la  Superintendencia de Puertos y Transporte sobre los compromisos contractuales, así como de la Contraloría General de la República, entendiendo que por ser un puerto público fue beneficiado con el régimen franco, que ofrece mejor trato en términos tributarios. 

¿y prodeco?
Tras intentar la comunicación con la compañía, no contestó nada referente a la investigación de la SIC ni la obstrucción de compañías como CNR y Sloane. Por el contrario al preguntar sobre las políticas de acceso al puerto respondieron que  debíamos ”visitar la página web”, que tiene una capacidad instalada de 23,7 millones de toneladas al año y que exporta a mercados como Asia, Europa, América y el Caribe.

Las opiniones

Luis Fernando andrade
Presidente de la ani
“El Puerto Nuevo ha invertido US$250 millones en zonas de uso público, pero sí hemos tenido la preocupación de que a la fecha ningún tren de terceros ha podido entrar a utilizar esta plataforma”.

Juan Miguel durán
Exsuperintendente de puertos
“Antes de que entrara en funcionamiento el Puerto Nuevo, se tuvieron múltiples reuniones en las que exigimos que en el manual operativo se establecieran todas las garantías para el libre acceso a terceros”.