martes, 10 de mayo de 2016
Es triste ver como sólo la extracción ilícita, en manos de las bandas criminales, crece a sus anchas por el país, sin las prohibiciones, protestas y controles a que está sometida la industria legalmente ejercida. Llama mucho la atención entonces, que el Ministerio del ramo, reaccione de forma tan oportuna y señalando como pilares que la soportan y que resultan ser adecuados para la coyuntura: (i) la seguridad jurídica (ii) condiciones competitivas (iii) confianza legítima (iv) mejoramiento de la infraestructura para el sector (v) información geológico-minera y por último (vi) una institucionalidad minera fortalecida y eficiente.
De estos seis pilares, y sin el ánimo de desconocer la importancia de los demás, hay dos fundamentales: la seguridad jurídica y la confianza legítima, que si se logran afianzar, darían un respiro y seguramente animarían a la inversión privada para retornar a este sector. El concepto que se maneja respecto de la seguridad jurídica en ese documento es tener un marco legal claro y estable para el desarrollo del sector. Lo anterior no solamente desde lo legal, sino también desde lo regulatorio y lo relacionado con conceptos jurídicos tanto del Ministerio de Minas y Energía como de la Agencia Nacional de Minería. Por supuesto sería estupendo si ello pudiera obtenerse igualmente de las demás autoridades con incidencia en esta actividad.
Algo tan sencillo como que el marco regulatorio de la minería no resultará contrario a lo que prevén otros sectores de la vida nacional, como el ambiental, el agropecuario y el de vías. Respecto de la confianza legítima se dice en el citado documento de política que consiste en generar una relación de mutua confianza entre el Gobierno, el sector productivo y las comunidades mineras.
Para la materialización de estas ideas que obran de pilares de la política, se hace necesario lograr coordinar la gestión estatal a todos sus niveles. De no ser así, seguiremos con los cortocircuitos que hoy tienen paralizados importantes proyectos y que están ahuyentando la inversión privada, nacional y extranjera, de este sector. Confiamos en que con la excelente gestión de las cabezas del sector minero continúen los esfuerzos para que las distintas agencias del Estado, en todos sus niveles, armonicen sus esfuerzos y no impidan que una industria que aún tiene mucho que aportarle a la Nación y las regiones, pueda crecer sin tropiezos. La tan sonada frase que en algún momento lanzaron políticos en campaña “minería si pero no así” debería tener hoy plena vigencia, especialmente para la extracción criminal, y mas bien pensar en apoyar esta nueva política sectorial que busca una minería responsable e incluyente.
La otra gran preocupación que es la formalización de la pequeña minería también tiene protagonismo en esta política, la cual se centra en lograr el cumplimiento por parte de las Unidades de Producción Minera (UPM) de los estándares legales, técnicos, ambientales, económicos, sociales y laborales que permitan que la pequeña minería sea una actividad económica legal, viable, rentable, segura, ambientalmente sostenible y que contribuya al desarrollo de las comunidades y sus regiones. Bienvenida entonces esta iniciativa, que deberá ser complementada con el Plan Nacional de Desarrollo Minero y los demás instrumentos que se estimen necesarios para hacerla una realidad.
