miércoles, 6 de mayo de 2015
Sin embargo, el país necesita avanzar en la educación para la participación ciudadana, de manera que se puedan evitar los abusos que a diario se ven, de quienes alegando tener la razón, se vuelven intolerantes y en ocasiones violentos, con tal de hacer valer su visión frente a los temas.
Con preocupación vemos las noticias de los últimos días que muestran como empresas que hacen inversiones significativas en el país, deciden irse ante las presiones incontroladas de las comunidades. Igualmente, se ha tenido que llegar al extremo de hacer uso de la fuerza pública, del Smad, para controlar las protestas de quienes, so pretexto de defender el medio ambiente, paralizan proyectos de vivienda en Bogotá. La falta de conocimiento de las vías de derecho hace que la gente considere que sólo a través de las vías de hecho, puede dar a conocer sus preocupaciones. Por ello, se hace urgente socializar el contenido de las normas existentes sobre la materia y la forma de implementar lo allí previsto, a fin de mantener toda actividad dentro del marco de la ley. La convivencia pacífica supone la tolerancia y el respeto por el que piensa diferente. La exacerbación de los ánimos lleva a que quienes no se sienten rodeados de las garantías necesarias, abandonen el barco o, en el peor de los casos, a que se acuda a más violencia para combatir estas formas de manifestarse. Entonces lo que está ganando hoy las batallas no son las ideas, sino la capacidad de presionar, a veces de manera indebida.
Desde 1994 Colombia cuenta con un estatuto, la Ley 134 de ese año, que regula los mecanismos de participación ciudadana. A lo anterior, se suman las disposiciones de la ley 99 de 1993 sobre estos mismos temas y las regulaciones que, sobre minorías étnicas, tiene el país y que se propone actualizar a través de una nueva ley de la República. Adicionalmente, contamos con una democracia participativa que reemplazó la democracia representativa. Es hora de poner en práctica todo lo que ya tenemos construido institucional y legalmente hablando.
No debería aceptarse otra manera de participar, tanto para apoyar como para oponerse, que las previstas en el marco normativo. Si Colombia desea desterrar la violencia, el único camino posible, es el respeto de las normas y de las instituciones. Lo demás es la ley del monte que solo puede traer más violencia, pobreza y marginalidad.
Finalmente, cabe anotar que el modelo de desarrollo económico adoptado por nuestra Constitución es el de un desarrollo sostenible, que ayude a mejorar las condiciones de vida de todos nuestros ciudadanos, con el respeto del medio ambiente. Es por supuesto necesario estar atentos a que estos presupuestos se den, pero para ello, hay que informarse, estudiar y generar las capacidades necesarias para opinar con fundamento. Quienes ejercen liderazgos tienen la mayor responsabilidad en estos temas. Para ellos el juicio será más duro, cuando de manera ligera actúan o cuando sus motivaciones no consultan el interés general, sino los intereses individuales.
Hoy que los temas de la calidad de la educación en Colombia están en la palestra pública, no debe olvidarse la educación que debemos dar a las nuevas generaciones sobre cómo ser buenos ciudadanos. Esa pedagogía debería incluir la enseñanza de la participación ciudadana responsable, la importancia del voto y del respeto de lo público. Aunque pueda sonar a sueños, la verdad es que todo es posible cuando se tiene la voluntad.
