sábado, 17 de mayo de 2014

Pareciera un chiste que una de las empresas más reconocidas en el país por producir tejas con esta fibra, en su Junta Directiva inscrita el 23 de julio de 2012, exista el nombre de un señor llamado Enrique Vargas Lleras, posible homónimo o incluso hermano de quien por esa época se desempeñaba como Ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras; promotor de las 100 mil casas que hoy le regalan a algunos compatriotas y que se han convertido en uno de los principales proyectos de la campaña reeleccionista del Presidente Santos.

Pareciera un chiste mayor, que exista una asociación de empresas que defienden este mineral mortal y que componen en su mayoría la Comisión del asbesto y otras fibras en el Ministerio de Trabajo para dedicarse según ellos única y exclusivamente a defender el “uso seguro” de este material prohibido por 30 de los 33 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde); Organización a la que el Gobierno le ha enfilado sus políticas y estrategias internacionales para poder acceder como miembro oficial.

El chiste campeón y de mal gusto, va por cuenta del Gobierno Nacional y de las autoridades quienes bajo la ley 436 de 1998 adoptaron el convenio 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho convenio indica que mientras existan sustitutos para esta fibra mortal, el país que se acoja a esta situación deberá prohibirlo en su territorio. El Ministerio de Trabajo por su parte y ojalá desconociendo este convenio, ha creado una comisión para ponerle paños tibios a una problemática que ya erradicaron más de 50 países desde hace décadas.

Lejos de ser un chiste y más bien una pesadilla y bofetada para las víctimas, existen pruebas notables que las empresas que acá se dedican a defender este mineral que mata a más de 110.000 personas anualmente en el mundo, tienen la capacidad para producir sus tejas, pastillas para frenos y productos con otros sustitutos para exportarlos a países en donde ya ha sido prohibido, mientras acá nos envenenan con más de 20.000 toneladas de asbesto al año; 10 veces más, la cantidad esparcida en los desastrosos ataques al World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

A Stephan Schmidheiny, socio y directivo de Eternit en Italia, le fue incrementada una pena a 18 años en la cárcel por haber provocado la muerte de más de 3000 personas por el uso del asbesto o amianto. Dicha empresa tuvo que pagar millonarias indemnizaciones a las víctimas y sus familias, quienes vieron impotentes como se extinguía la vida de sus seres queridos que lo único que hicieron fue ir a trabajar para mantener dignamente a sus familias.

En Colombia, los representantes de las empresas que aún trabajan con este material a pesar de los diferentes llamados y alertas mundiales, siguen sosteniendo una defensa visceral de su comportamiento e incluso se dedican a tildar a los movimientos de las víctimas, como “campañas de desprestigio” que hablan sin argumentos.

Entendiendo la realidad que ya ha sido registrada en estas líneas por las víctimas, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud e incluso la Presidencia de la República no han adoptado una posición radical a favor de la prohibición de este mineral. Esperemos que la Defensoría del Pueblo atienda nuestro llamado y el nuevo Presidente, gane quien gane, le dé prioridad a algo que pareciera un chiste de mal gusto, pero evidentemente se ha convertido en un negocio casi tan peligroso como los eternamente condenados.