martes, 4 de octubre de 2016
Para que sea estructural deberá diseñarse sobre la base de una política fiscal de largo plazo y no pensando en el recaudo del 2017. El Gobierno y el Congreso tendrán la difícil tarea de articular una reforma que responda a las verdaderas necesidades del país, la cual puede llegar a ser impopular incluso para la Dian.
No quiero detenerme en lugares comunes sobre los que muchos han dicho demasiado. Unificar en un sólo impuesto la renta y el Cree; el uso de las Niif para la declaración de renta; un impuesto a los dividendos; el aumento del IVA del 16% al 19%, entre otras propuestas.
Se requiere intervenir a la Dian: es necesario modernizar su planta física, actualizar y robustecer su sistema informático y profesionalizar a sus funcionarios.
Si bien en la Dian hay personas técnicas, son pocas y la mayoría necesitan ser capacitados. La creación de centros de excelencia regionales, que tengan un plan de capacitación con un enfoque casuístico podría ser una solución que responda a los retos que impone el derecho tributario.
Lucha frontal contra la evasión: la gran mentira que repite la Dian cada vez que se presenta un proyecto de reforma tributaria es que los contribuyentes pagan pocos impuestos. Lo cierto es que los contribuyentes son pocos y pagan demasiado. El problema de la evasión no radica en quienes tributan sino en aquellos que no.
Para atacar la evasión debe simplificarse la administración y el recaudo de los impuestos. Propuestas como eliminar el impuesto al consumo y volver a un esquema donde sólo haya IVA es primordial.
Eliminar el régimen simplificado del IVA obligaría a que todas las personas deban facturar (lo cual hoy no ocurre) y la Dian contaría con mejores herramientas contra la evasión.
La creación de un Tribunal Fiscal es una de las propuestas más inteligentes que hizo la Comisión de Expertos, sin embargo, la Dian no está a favor.
La versión oficial es que no es presentable llevar al Congreso una propuesta para crearlo en época de vacas flacas. La versión extraoficial es que no quiere perder el control de fallar los recursos de reconsideración.
Cualquiera sea la verdad, la Dian no tiene razón. Dejar que un tercero revise las decisiones de la administración y las confirme es dotarlas de mayor imparcialidad y a la vez fortalecerlas frente al examen que pudiera hacer un juez.
En el escenario que sean revocadas es ahorrarle al contribuyente y al Estado un litigio costoso para ambos en términos de recursos y tiempo. Frente a la versión oficial no es cierto que el Tribunal vaya a costar más dinero, pues su creación supondría que las dependencias de la Dian que fallan los recursos de reconsideración dejen de funcionar. Para decirlo de otra forma: el Tribunal se paga solo.
Aunque tarde, el Consejo de Estado anuló el concepto de la Dian que decía que el impuesto al patrimonio creado por la Ley 1370 era un impuesto nuevo y por consiguiente lo debían pagar quienes se acogieron al régimen de estabilidad jurídica. Valdría la pena analizar si las mismas consideraciones pueden predicarse del Impuesto a la Riqueza.
