miércoles, 25 de mayo de 2016

El proyecto de ley, está enfocado en promover la siembra obligatoria de árboles en todo el territorio nacional, como estrategia de conservación y protección de ecosistemas y concienciación del valor del árbol, como elemento fundamental de la sostenibilidad ambiental. 

Para el efecto, se tiene previsto crear el Certificado de Siembra Verde, como plena prueba del cumplimiento del deber de plantar 5 árboles en el territorio nacional, con validez de un año y el cual debe obtenerse mínimo una vez por cada ciudadano, siguiendo una capacitación y una reglamentación del tipo de especies a sembrar. 

Como beneficio para los ciudadanos que decidan obtener el certificado, se encuentran: i. preferencias para la adjudicación de becas estudiantiles, de predios rurales y de subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, ii. Preferencia en la lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado en caso de igualdad de puntaje, iii. Preferencias en exámenes de ingreso a instituciones de educación superior, tanto publicas como privadas, en caso de igualdad de puntaje, vi. Varios descuentos académicos y v. Descuentos en trámites con entidades del Estado. 

En cuanto al proyecto de acuerdo, se plantea la creación de una estrategia de pago por servicios ambientales, como mecanismo por medio del cual se busca otorgar incentivos en dinero o es especie, a los propietarios o tenedores legítimos de los predios de importancia estratégica, que adquieran un compromiso voluntario, para garantizar la conservación, protección o recuperación de los ecosistemas. 

Las áreas priorizadas, serán definidas por la Secretaria Distrital de Ambiente, así como la determinación de los predios objeto de incentivos, el valor de los incentivos, la formalización de los acuerdo de voluntades entre el particular y el Distrito y el manejo de la base de datos, en donde se divulgue periódicamente los predios que han sido sometidos mediante acuerdos de voluntad al esquema de pago por servicios ambientales y las condiciones de los acuerdos para la verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

Las iniciativas anteriormente mencionadas, están enfocadas principalmente en los particulares que realicen las actividades descritas en los proyectos y que deseen obtener los nuevos incentivos previstos, pero los beneficios no solo cobijan a las personas naturales, también se anuncian reconocimientos estatales para las instituciones educativas a nivel nacional, que promuevan el cuidad del medio ambiente. 

Para las empresas privadas, el Ministerio también ha previsto el otorgamiento de incentivos tributarios, por una certificación ambiental, que es otorgada a aquellas que promuevan el uso de energías renovables. Los incentivos , van desde la reducción especial de renta, la depreciación acelerada de activos, la exclusión del IVA y la exención de pagos de derechos arancelarios, lo cual contribuye a incrementar la tasa interna de retorno de los proyectos, que constituye un componente necesario para garantizar su rentabilidad financiera. 

Con este tipo de proyectos e iniciativas, se busca dar una mayor protección ambiental al país, reducir en un 20% las emisiones de gases efecto invernadero proyectadas para  2030 y contribuir con acciones que ayuden a frenar el cambio climático, incluyendo a las personas y a los sectores privados del país. ¿qué si dichas iniciativas son buenas o no?, ¿son necesarias o no?, la respuesta la tiene a su juicio el lector.