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FINANZAS

Se avecina lluvia de demandas contra el Estado por Interbolsa

miércoles, 5 de junio de 2013
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Ana María Bedoya Jiménez

El anunció del procurador general, Alejandro Ordóñez sobre la apertura de pliego de cargos al superintendente financiero, Gerardo Hernández y otros cinco funcionarios de la entidad, abre la puerta para una ‘lluvia’ de demandas contra el Estado por parte de los afectados del descalabro de la comisionista Interbolsa.

Lo que significaría que desde reconocidos conglomerados financieros, comunidades religiosas, fundaciones que promueven la ciencia o distintas universidades podrían estar armando una serie de acciones legales para recuperar el dinero perdido. 
 
En su anuncio, Ordóñez explicó que la decisión se basa en que las pruebas recolectadas en la investigación que lleva varios meses, demuestra que en algunas ocasiones no se tomaron las medidas suficientes para evitar que se manipularan las acciones de Fabricato y la Bolsa Mercantil de Colombia y se realizaran movimientos que atentaban contra la salud del mercado de valores. Prueba suficiente que podrían utilizar los ‘tumbados’ de la comisionista. 
 
Han pasado siete meses desde que la Superinfinanciera ordenó la toma de posesión y posterior liquidación de la que fue la firma comisionista más grande en Colombia, debido a un problema de liquidez que finalmente se convirtió en una de las principales quiebras financieras del país. Según las cifras conocidas hasta ahora, el caso de Interbolsa deja a más de 2.000 personas afectadas que han presentado sus reclamaciones a los liquidadores correspondientes de las filiales del Grupo y una suma, que aún no se ha calculado con exactitud, pero que puede estar cercana a los $700.000 millones en pérdidas. Desde ese 2 de noviembre de 2012, día tras día se ha venido desenredando una telaraña empresarial, que según las autoridades, operaba con el único fin de manipular acciones y engañar para beneficio propio. 
 
La decisión que tomó ayer el Procurador, pone en evidencia un posible manejo irresponsable de manos del ente de control y vigilancia. El abogado penalista Francisco Bernate, llama la atención sobre este proceso y cataloga como ‘gravísimo’ lo que podría ocurrir si se llegara a comprobar que hubo una falla en el servicio de inspección y vigilancia y “eso puede tener implicaciones en que los afectados podrían eventualmente demandar al Estado”.
 
Tal como lo afirmó Ordóñez los funcionarios de la Superfinanciera sabían lo que estaba ocurriendo no solo con las acciones de las compañías mencionadas sino con la liquidez tanto de la comisionista como de la Sociedad Administradora de Inversión. Tal vez el único tema que podría haberse desconocido era el de Premium Capital por su operación en Curazao y no en Colombia, sin embargo en todo lo demás había conocimiento. Para el abogado Julio José Orozco, de Orozco & Orozco Abogados “el pliego de cargos proferido por la Procuraduría tumba al superintendente financiero, pues es inconcebible que ante semejante asomo de falta de diligencia, la que ha calificado como grave, lo quiera hacer desde su cargo”. Causa curiosidad que este hecho parece que se esperaba, pues en el pasado seminario de Anif sobre mercado de capitales, fueron varios los representantes del sector financiero que manifestaron su preocupación por la permanencia de Hernández. 
 
Del caso de Interbolsa aún queda mucho por conocer, sin embargo, la apertura del pliego de cargos es un hecho que rompe la historia en dos, pues se pasa de la culpabilidad de unos empresarios a la del Estado.
 
Eclipse responde a señalamientos de Juan Carlos Ortiz
En respuesta a las declaraciones hechas por Juan Carlos Ortiz, Eclipse Management BV (Eclipse), aclaró  que la empresa no es responsable por la estructuración comercial del Fondo y que no tomaban las decisiones de inversión. Aseguró que por sus servicios recibía una comisión fija de US$12.500 al año más costos y honorarios que no estaban contemplados en el acuerdo y recalcó que no estuvo envuelto en el día a día de las operaciones o en actividades de inversión.
 
La opinión
 
Francisco Bernate
Abogado Penalista
“Eventualmente los afectados pueden demandar al Estado por las fallas en la inspección y vigilancia. Todo cuando exista un fallo”.
 

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