• Juliana Ramírez Prado

jueves, 23 de abril de 2015

Esto no ha sido posible, según una fuente cercana al proceso, por cuestiones de capacidad física y por la poca colaboración de los implicados. Adicional, se han interpuesto algunas acciones jurídicas  contra el proceso que han frenado la evaluación.

Revollo, quien desde mayo de 2013 se venía desempeñando, por orden de la Superintendencia de Sociedades, como agente interventor y que está liderando el proceso de liquidación desde este año, solicitó una prórroga de dos meses  que se vendría cumpliendo en junio.

Actualmente, las propiedades se encuentran en trámite de secuestro. Es decir, la ley 1116 de 2006 establece que una vez se embargan los activos se toma posesión bajo la figura del secuestro y  solo hasta que se tengan físicamente los bienes se podrá establecer el valor total.

De las 150 propiedades, entre las que se destacan apartamentos,  casas, parqueaderos, lotes y fincas,  cerca de 80% pertenecen a Víctor Maldonado, aunque cabe recordar que el proceso cobija a 30 personas naturales más y a 28 sociedades colombianas e internacionales.

Los activos están en varias zonas del territorio nacional y la Superintendencia de Sociedades solo cuenta con 10 funcionarios para temas de intervención y  para  haber logrado   la totalidad de  las diligencias y el plazo estipulado por la ley, prácticamente, Revollo “hubiera tenido que estar omnipresente en varias ciudades”, asegura la fuente.

Adicional, hay algunos activos que se han entregado de forma voluntaria, pero la gran mayoría no y se han tenido que realizar múltiples trámites para ello. Eventualmente algunos implicados han interpuesto acciones judiciales en contra del proceso. Por ejemplo, Víctor Maldonado  y su familia han presentado 12 tutelas, una nulidad, por lo menos nueve incidentes de exclusión de bienes y de personas y nueve acciones más entre recursos y aclaratorias.

La familia Ortiz Zarrate impuso una tutela, 12 incidentes de exclusión de bienes y de persona, dos nulidades y tres acciones más entre recursos y aclaratorias. A Juan Carlos Ortiz se le contabiliza por lo menos  una nulidad.       

Jaime Granados, abogado de las víctimas, manifestó que “unánimemente los afectados respaldan la gestión de Revollo, pero sí existe  una gran preocupación porque por parte de la Fiscalía no hay un solo bien que haya tenido medida cautelar y se requiere una acción conjunta”.

“Donde menos preocupaciones hay, con relación a lo que se ha hecho,  es en la liquidación porque, por lo menos, los únicos embargos se han dado por ahí, la preocupación es en el tema penal, pues la Fiscalía está negociando con estos señores  un principio de oportunidad sin pensar en la reparación”, agregó Granados.

Por su parte,  Rodolfo Correa, director de Ochoa Correa y Asociados, expresó que “a menos que exista la voluntad política y administrativa necesaria, los afectados por la defraudación por el Fondo Premium están expuestos a una indefinición de su situación que torna su panorama cada vez más oscuro”.

La finalidad de la liquidación  es procurar el pago a los afectados, en la medida en que existan los activos disponibles para el efecto y solo hasta mediados de junio  se podrá saber cuánto le podría corresponder a cada uno.

Antecedentes
A pesar de que el inventario inicial muestra activos por $516.837 millones, se ha podido establecer que más de 50%  de estos ($281.698 millones), son de difícil recuperación. Se trata de deudas registradas en los estados financieros por concepto de cuentas por cobrar, que en su mayoría obedecen a préstamos efectuados entre socios, entidades intervenidas, en liquidación voluntaria y especialmente entre compañías vinculadas que datan de años atrás. Adicional, un alto porcentaje de tales acreencias no cuenta con soporte documental, contractual o título ejecutivo y, en algunos casos, ni siquiera existe la contrapartida contable en los balances de las deudoras.

Las opiniones

Jaime Granados
Abogado de las víctimas
“Donde menos preocupaciones existen, con relación a lo que se ha hecho, es en la liquidación porque por lo menos los embargos que hay se han dado por ahí. La preocupación es en el tema penal, pues la Fiscalía está negociando principios de oportunidad sin pensar en reparación”.

Rodolfo Correa
Director de Ochoa Correa & Asociados
“A menos que exista la voluntad política y administrativa necesaria que se requiere para el proceso, los afectados por la defraudación realizada en el Fondo Premium están expuestos a una indefinición de su situación que torna su panorama cada vez más oscuro”.