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En varias sentencias, la Corte Constitucional le ha recordado al Gobierno que la descentralización y la autonomía regional van más allá de un discurso.
En varias sentencias, la Corte Constitucional le ha recordado al Gobierno que la descentralización y la autonomía regional van más allá de un discurso o simplemente unos artículos en el plan de desarrollo que se discute cada cuatro años y en los que se pregona que “Colombia es un país de regiones” y que “las regiones deben decidir y manejar su propio desarrollo”.
Así mismo, el texto de la Constitución que pone a los municipios como la entidad fundamental del Estado se ha convertido en un título más, pues desde el centro se toma todo tipo de decisiones que afectan la vida local, cuando la tendencia global abre cada vez más las puertas a las regiones como centros de desarrollo que compiten y el Estado nacional pierde terreno e importancia, sin que ello implique cambiar la conformación política o ir hacia un esquema federalista.
La impresión es que hay un celo extremo del centro que le impide perder control sobre los entes territoriales y estos se amañan con el modelo, porque obtienen beneficios de un papá protector a ultranza, sin hacer mayor esfuerzo ni asumir responsabilidades frente a sus comunidades, en el entendido que el modelo centralista de facto habilita para culpar al Gobierno.
El Gobierno central debe acompañar a los entes regionales en la solución de los problemas, más allá de aportar recursos, pero la responsabilidad de las decisiones y su costo debe ser asumido por los municipios y departamentos, y sus gobernantes deben responder por la gestión ante sus gobernados y al país por decisiones que sobrepasen sus límites, como es el caso de no permitir la explotación de los recursos naturales localizados en una zona específica, pero cuya propiedad es de toda la Nación.
Una verdadera descentralización implica que las regiones deben esforzarse más en su propio desarrollo y en la generación de recursos para atender una parte significativa de sus necesidades, y en cada caso debe haber una evaluación desde el Gobierno para determinar un complemento merecido en función de su capacidad de gestión, trabajo y esfuerzo fiscal.
En ese orden de ideas, el país está en mora de abrir el debate amplio sobre el modelo descentralista, uno de los pilares de la Constitución, para que sea moderno y efectivo, con los derechos y obligaciones que ello implica, asunto al que no se le debe tener miedo si se hace en forma correcta y concertada. Sin duda que a nivel regional hay problemas de corrupción y malos manejos, pero eso no se corrige con la idea que se tiene en el centro de controlar las acciones locales, sino que se abre una puerta a que esos fenómenos se sofistiquen.
La experiencia del país de finales de la década de los ochenta con la elección popular de alcaldes y luego con la de gobernadores en la Carta de 1991 son demostraciones claras de que las regiones están en capacidad de asumir sus destinos y determinar el rumbo de su desarrollo, pero debe ir más allá de los asuntos políticos.
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