• Colprensa

jueves, 19 de enero de 2017

La primera de las modificaciones, explicó el representante y coordinador de ponentes Hernán Penagos, consiste en que "las reglas y las normas de derecho operacional  de los miembros de la Fuerza Pública se tengan como criterio obligatorio de aplicación al momento de definir las conductas y las investigaciones de los miembros de la Fuerza Pública". Lo cual dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, "es simplemente un criterio de interpretación que no tiene ningún inconveniente".

La segunda especifica que para que los miembros de la guerrilla puedan ser contratados por entidades públicas, "no pueden estar privados de la libertad"; y la tercera, afirma Penagos, le da seguridad jurídica a la Justicia Especial para la Paz de cara a  futuro cambios constitucionales, ya que "se señala que esos actos legislativos no podrán ser cambiados en el futuro por  otros Congresos que vengan y no podrán presentarse iniciativas al respecto", explicó.

Estas fueron los únicos 3 cambios que se aprobaron por parte de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y del mismo Gobierno, de un total de 55 proposiciones que se presentaron y después de haber sido negada la ponencia negativa hecha por el representante del Centro Democrático Samuel Hoyos.

"Porque hay muchas proposiciones sobre temas que ya han sido superados  en la discusión del país, muchas que pretenden desaparecer a la Justicia Especial que no funcionan, otras que desconocen el carácter extrajudicial de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Personas Desaparecidas (...) Luego son temas que van en contravía del acuerdo de paz", dijo el ministro Cristo.

Las críticas del fiscal
Pero además de la proposiciones presentadas por los congresistas, durante el debate que duró más de 8 horas, se registraron las críticas del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien cuestionó entre otras cosas la posibilidad de que los disidentes se vean beneficiados en aspectos como la prohibición de la extradición.

Para él, debería especificarse expresamente que los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz serán exclusivamente para los desmovilizados del grupo guerrillero y puntualmente que la no extradición será solamente para quienes se hayan acogido al acuerdo y que se hayan reincorporado a la vida civil.

Cuestionó también que no sé dé claridad sobre qué pasa con los delitos que se lleguen a cometer después del 1 de diciembre cuando entró en vigencia el acuerdo final: “Es decir los delitos continuados en que eventualmente puedan incurrir las personas desmovilizadas, deben ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria cuando se extiendan más allá del 1º. de diciembre de 2016”.

Sobre estas críticas y otras manifestadas por el Fiscal, se acordó con el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo que se mirarán dichos aspectos para hacer las modificaciones que consideren pertinentes e incluirlas en el debate que se dará en la plenaria de la Cámara de Representantes.

"Fueron observaciones que  de alguna manera tienen mucho que ver con el texto del acuerdo, que simplemente se trata o de temas que tienen que reglamentarse en la ley  que no valdría la pena incorporar en la Constitución o de temas que se  pueden precisar -como lo acordamos con el Fiscal-, para el debate en plenaria", dijo Cristo.

De esta manera,  el acto legislativo que crea la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz superó el primero de los cuatro debates que requiere para convertirse en ley.