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Bogotá cuenta con cerca del 20% de la población de Colombia y en los últimos años su actividad edificadora ha venido representando el 40% del área nueva construida del país. No obstante, por la inseguridad y volatilidad de la norma urbana, por la falta de habilitación de suelo, así como su alto costo y por problemas de deterioro en la calidad de vida, la construcción se viene desplazando a otras regiones del país. En Chía, Cota, Cajicá, Funza y Mosquera, en 2014 creció la construcción a una tasa superior al 80%; en esta región central, hace cinco años, la actividad edificadora se distribuía en un 70% para Bogotá y en un 30% para los municipios vecinos y de influencia territorial; ahora las cifras se presentan a la inversa.
La inestabilidad del POT de Bogotá ha sido factor preponderante en este fenómeno de cambio de dinámica inmobiliaria. El Alcalde Petro de manera arbitraria decidió expedir su Plan pasándose por la faja tanto a la Ley, como al Concejo de la ciudad. Su POT fue suspendido por el Consejo de Estado, no obstante, parte del mismo lo ha revivido a punta de decretos.
La concepción urbana de la actual Secretaría de Planeación tiene aspectos positivos y normas de utilidad para la ciudad, pero la inseguridad para los usuarios derivada de los atropellos en la forma, hace que la credibilidad y el apetito de inversión constructiva se aminore. Y no es que se espere una aplicación exegética del “laissez faire, laissez passer” en materia de construcción, pues los agentes del mercado inmobiliario necesitan poder mover la economía de la ciudad bajo unas normas estables que regulen la actividad, pero que a la vez permitan el desarrollo del sector.
Otro asunto vinculado a la migración de la inversión a latitudes externas a la Capital, es su crisis de movilidad. Y es que llevamos varias campañas electorales anunciando, haciendo estudios, planeando y hablando del Metro como solución articuladora de servicio público masivo de transporte y no hemos pasado de gastar dinero sin obras. La noticia de esta semana, es que el gobierno nacional anunció su compromiso de financiar el 70% del costo de la primera línea, la cual iría desde el sur - occidente hasta el centro y desde allí por la carrera séptima al nor - oriente de la ciudad hasta la calle 100.
La obra está presupuestada en la nada despreciable cifra de $13,79 billones, de la cual el gobierno nacional aportaría $9,65 billones, según el cheque simbólico entregado por el Presidente Santos al Alcalde Petro. Para que esto se concrete es necesario que el próximo alcalde de Bogotá tenga gobernabilidad suficiente y buenas relaciones con la banca y con el gobierno nacional.
Es impostergable aprovechar esta oportunidad. No más planes y más acción, para que no nos pase como con la promesa de la cobertura de Transmilenio, que no ha alcanzado ni el 50% de lo anunciado, la recuperación del Río Bogotá, la transformación del Bronx, que por cierto no solamente no se ha recuperado, sino que ahora vemos que los mismos miembros de la fiscalía son secuestrados en ese sector, la máquina tapa huecos, la seguridad en Transmilenio, la reducción en la tarifa de los parqueaderos, entre otros anuncios.
La ciudad necesita el Metro, acompañado de un sistema férreo complementario, Transmilenio en las principales troncales, buses integrados al sistema, trenes de cercanías y ampliar varias vías, principalmente las de acceso y salida de la ciudad, como aspectos prioritarios para mejorar la competitividad de la ciudad - región y la calidad de vida de sus habitantes.
