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Sería lamentable perder la oportunidad de hacer una verdadera reforma al manejo de las licoreras regionales antes de que desaparezcan.
Aprobado por la Cámara de Representantes, hizo tránsito al Senado de la República el proyecto de ley que introduce algunos ajustes a la normatividad sobre monopolio rentístico de los departamentos en la producción y distribución de licores e introduce cambios, esos sí más relevantes, al igualar las tarifas tributarias de licores nacionales y extranjeros, sujetas hoy a un complicado sistema de impuestos, que implica situaciones extremas como que una botella de aguardiente paga más impuesto que una de champaña, así el precio de esta fuese mucho mayor, porque el tributo se paga por el porcentaje de alcohol que contiene. En teoría, las gobernaciones esperan recibir recursos adicionales por unos $400.000 millones como consecuencia del ajuste, lo cual es válido siempre y cuando haya medidas para combatir el contrabando que constituye el principal problema del sector.
Pese a las críticas de los opositores sustentadas en un nacionalismo populista en el sentido de que lo que se busca es la quiebra de las licoreras departamentales acabando el monopolio, supuestamente promovida por los importadores, la realidad es que esto es imposible de hacerlo por la vía de un proyecto de ley, pues la protección está contenida en el artículo 336 de la Constitución que establece el monopolio rentístico de licores con el objeto de financiar la salud y la educación. Sin embargo, el asunto hay que mirarlo con atención extrema. En el proyecto se estipula que “en cualquier tiempo previa autorización de las asambleas departamentales por iniciativa del gobernador, los departamentos podrán enajenar las empresas estatales a través de las cuales ejercen el monopolio de producción de licores destilados”, con lo cual no se estaría afectando la figura constitucional del monopolio, sino que este sería entregado a una empresa privada que lo usufructuaría.
Hay que ser contundentes sobre este tema que no es la primera vez que se discute: de casi 20 licoreras a comienzos de los años noventa del siglo pasado, solo quedan cinco, cuatro de las cuales registran crecientes déficit financiero, caída en la producción y el consumo. Esto demuestra que la supuesta protección no ha traído beneficio alguno para las empresas y por el contrario las está enterrando, pues las empresas tienen un monopolio en su región como si fueran países, pues pasar aguardiente de un departamento a otro es contrabando o hay que pagar un impuesto o simplemente se prohíbe la entrada.
La ingenuidad tampoco es buena consejera. Con ese poder dado en la Carta Magna, algunas gobernaciones y su brazo político, las asambleas departamentales, han perdido el foco y desaprovechado el privilegio proteccionista para volverlo un fortín político en el que la corrupción y la ineficiencia se distinguen como prácticas normales y eso no va a cambiar fácilmente con la nueva forma.
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